Ayer día 19 de octubre, saltaba a la luz pública que la entidad americana JP Morgan deberá pagar una sanción de 13.000 USD (trece mil millones de dólares USA, una cifra que traducida a la cuenta de la vieja de pesetas, marea) para conseguir que se cierren las investigaciones a que está siendo sometido su negocio inmobiliario. Se llega así a un acuerdo con el departamento de Justicia (con mayúscula) de Estados Unidos que, ante la remolonería en negociar acuerdos por parte de JP Morgan, elevó la cifra sancionadora inicialmente solicitada en 2.000 millones de dólares. El inicio del contencioso se sitúa en 2011, con el pleito abierto con la entidad por haber mentido acerca del riesgo de los activos respaldados por hipotecas que se revelaron como subprime. Si añadimos otra perla de actuación de JP Morgan como es la sanción de casi 1.000 millones de dólares que hubo de pagar conjuntamente al Reino Unido y a Estados Unidos por ocultar deliberadamente información a los reguladores, ya nos hacemos una idea del retrato de la firma.
Pero es más: además de la sanción citada, de los 13.000 millones de dólares, el banco está obligado (por acuerdo con el fiscal) a colaborar en la investigación PENAL de las personas vinculadas a irregularidades en las prácticas del banco, particularmente las hipotecarias, que continúan su curso.
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Esto pasa, pues, y duele profundamente hacer un ejercicio de comparación con la situación en España, en la que las tropelías en las que incurrió la banca en una época en lo que todo valía porque España iba bien y era modelo a seguir se cubren con el dinero y esfuerzo de todos y en la que los gestores que propiciaron determinadas situaciones hirientes, no sólo se van de rositas con el aplauso del poder, sino que se les permite la desfachatez de enorgullecerse (en comisiones que llaman de investigación) de esa gestión que ha llevado a la ruina económica a muchas familias y a la ruina moral a todo un país.
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