La corruptocracia en Europa

Hace pocos días nos hacíamos eco del resultado de la reunión conjunta del GAFI y del Grupo de trabajo del G20 contra la corrupción mediante el que se proponía tratar este fenómeno con las mismas armas legales que el blanqueo de dinero. 

Pues bien, hoy parece conveniente fijar la atención en un informe, anterior en el tiempo y que había pasado casi desapercibido con estos temas domésticos, precisamente alrededor de la corrupción, que han sido actualidad estos días. De entrada no está de más recordar que la corrupción atañe a la persona individualmente, si bien cuando el perfil de los corruptos se generaliza es inevitable pensar que se ha instalado una patente de corso para ellos y la/s organización/es que aparentemente les dan cobertura, toleran sus manejos o simplemente miran hacia otro lado para desviar la atención. Por otra parte, la corrupción es un tema que duele y causa sarpullido de indignación cuando se piensa e ella, lo que provoca la sensación de que es algo que solo pasa aquí. Nada más lejos de la realidad: según un informe de la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero (CRIM) del Parlamento Europeo, las 3.600 organizaciones delictivas "censadas" dentro del crimen organizado originan unas pérdidas anuales de 670.000 millones de euros para las empresas cada año y la corrupción cuesta a la Unión Europea 120.000 millones de euros al año, un 1% del PIB en, al menos, 20 millones de casos de corrupción de “poca envergadura” en los sectores públicos de la Unión, Estas cifras hacen que un 74 % de los ciudadanos de la Unión perciban la corrupción como un problema social y económico de primer orden.

Además, el fraude del IVA supone una pérdida de ingresos entre los socios de 100.000 millones de euros al año, mientras el tráfico de seres humanos afecta a todos los países de la UE, y genera, en todo el mundo, beneficios de 25.000 millones de euros anuales.

 El informe cifra también en 880.000 el número total de trabajadores ‘forzosos’ en el viejo continente (eufemismo piadoso para no decir "esclavos"), 270.000 de ellos víctimas de la explotación sexual. Y es duro resaltar en este capítulo que sólo 9 de los miembros de la Unión han llevado a su ordenamiento jurídico, y aplican, la Directiva Europea de 2011 sobre la Prevención y la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Tras cuantificar algunas materias concretas (como por ejemplo el contrabando de tabaco, con una pérdida anual en impuestos de 10.000 millones de euros), indica que de las 30.000 páginas web que ofrecen a los ciudadanos europeos medicamentos, un 97% son ilegales, y sus productos, en su mayoría falsificaciones procedentes de India y China, pueden poner en riesgo su salud y vida. De hecho, su incidencia en la salud pública europea se estima en un coste de unos 3.000 millones de euros al año.

Igualmente, indica que el 12% de los usuarios europeos de Internet ha sufrido un fraude online, y el 8% ha sido o ha estado a punto de ser víctima de un robo de identidad.

Con este panorama, el Parlamento europeo estudia la implantación de un conjunto de mas de 100 medidas  contra el crimen organizado de entre las que cabe destacar las siguientes: 

-Manifiesta su preocupación por que toda una serie de delitos denominados «emergentes», como, por ejemplo, el tráfico ilícito de desechos, el tráfico ilícito de obras de arte y de especies protegidas y la falsificación de mercancías― constituyen actividades sumamente rentables para las organizaciones delictivas

-Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren un plan de acción europeo contra el tráfico de especies salvajes

-Insta firmemente a los Estados miembros a incorporar cuanto antes a su legislación la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos; pide a la Comisión que vele por que la incorporación al Derecho nacional se lleve a cabo correctamente; insta a los Estados miembros y a la Comisión a finalizar la Hoja de ruta sobre los derechos de los sospechosos y los acusados en procesos penales, incluida una directiva sobre la prisión preventiva

-Subraya la necesidad de fomentar una cultura de la legalidad y de aumentar entre los ciudadanos el conocimiento del fenómeno de las mafias; reconoce en este sentido el papel fundamental que desempeñan las asociaciones culturales, recreativas y deportivas para la sensibilización de la sociedad civil con respecto a la lucha contra la delincuencia organizada y a la promoción de la legalidad y la justicia

-Pide a la Comisión que publique un cuadro de indicadores que demuestre la aplicación de la legislación de la UE relativa a la lucha contra la delincuencia organizada por cada uno de los Estados miembros en sus propios códigos nacionales

-Insta a que la presente Resolución se aplique mediante un plan de acción europeo para el periodo 2014-2019 destinado a erradicar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de capitales, que establezca una hoja de ruta y provea recursos adecuados.

-Insiste en que el Parlamento siga prestando especial atención a las cuestiones tratadas por su Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero y, a este fin, encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, cuando sea necesario en cooperación con otras comisiones parlamentarias pertinentes, que vele por que las recomendaciones incluidas en la presente Resolución se apliquen debidamente a nivel político e institucional y, cuando proceda, que oiga a expertos, cree grupos de trabajo y apruebe informes de seguimiento.

Se puede consultar el informe íntegro en castellano clicando aquí.