A primeros de este diciembre que se acaba, se publicó por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), institución supranacional
responsable de la creación y supervisión de las normas internacionales sobre la
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, que había finalizado la evaluación a la que estaba sujeta España acerca del sistema que tiene implementado para
la lucha contra estas amenazas globales.
En ese informe (que puede consultarse clicando aquí) se
reconoce que España ha creado un sistema potente para combatir esos graves delitos, pero también se reclama
la necesidad de mejorar en ciertas áreas clave. Durante el desarrollo de los trabajos encaminados a completar la evaluación, el GAFI ha podido comprobar que España dispone
actualmente de leyes, reglamentos e instituciones sólidas para la lucha contra
este tipo de amenazas, lo que ha permitido lograr éxitos importantes en la
investigación y enjuiciamiento de casos de blanqueo de capitales, si bien, las
penas de prisión impuestas son bajas, según el informe.
Aunque las autoridades españolas han sido eficaces en
la lucha contra la financiación de grupos terroristas, sigue habiendo
deficiencias en la aplicación de las sanciones financieras específicas, para
permitir la congelación de activos relacionados con el terrorismo.
Las medidas aplicadas
por entidades financieras y fedatarios públicos, resultan
muy decisivas en el sistema preventivo español, para prevenir el
uso indebido de las empresas como vehículo para llevar a cabo estos delitos. Sin embargo, su aplicación en otros sectores
es variable.
En el acto de presentación del informa, el día 5 de diciembre en París, el Presidente del GAFI, Roger Wilkins, dijo:
“Felicitamos a España en los progresos que ha realizado
desde su Evaluación 2006. El gobierno español ha hecho grandes esfuerzos
para actualizar sus leyes e instituciones para hacer frente al blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo. Esta evaluación del GAFI reconoce
que, en general, su enfoque está funcionando. Pero, por supuesto, siempre
hay algo más que hacer, y el GAFI ha puesto de relieve una serie de acciones
prioritarias para España a tomar “.
Hay que decir que el GAFI, en la Evaluación sobre España, considera que
dentro de las medidas adoptadas, la aplicación de la ley de supervisión
financiera, supone la primera revisión integral de lucha contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo de un país, y que es, además, el
primer sistema en completar las Recomendaciones del GAFI revisadas y adoptadas
en 2012.
Viene a cuento en este punto resaltar algunos de los párrafos que expuso el citado Wilkins unos días después, el día 18, con motivo de la celebración de los 325 años del GAFI:
"En un mundo donde las fronteras son cada vez menos
relevante, y donde hay menos restricciones a los movimientos de mercancías,
capitales y personas, es critica la tarea de establecer y garantizar la
aplicación uniforme y coherente de las normas en todo el mundo.
Los países tienden a confundir la congelación y
confiscación de activos de origen delictivo, y la congelación de los fondos y
bienes de los terroristas. No son la misma cosa. Las sanciones financieras
específicas bajo sus resoluciones no requieren ninguna prueba o sospecha de un
delito predicado. Pero, por desgracia, muchos países han tratado de utilizar
los dispositivos de confiscación criminal para hacer el deber de las sanciones
financieras específicas. Las normas revisadas del GAFI que estamos aplicando en
esta nueva ronda de evaluaciones dejan claro que esa forma de proceder no es
aceptable.
En un sistema
global, las instituciones y las prácticas de cada persona son relevantes. Como se conoce bien, bajo
nuestras nuevas normas, los países tendrán que hacer una evaluación
adecuada del riesgo país, que se vea la posibilidad
si participa en los flujos financieros ilícitos que puedan afectar a
otros países o regiones”.
Creo que en algunos países son
reticentes a la aplicación de una regulación firme sobre la base de las
preocupaciones relacionadas con los derechos humanos. Nuestras normas
dicen claramente que los derechos humanos, el Estado de Derecho, y terceros
inocentes deben ser respetados, a fin de aplicar las sanciones
financieras específicas. Pero, yo creo que necesitamos colectivamente realizar
más trabajo, para una demostración de cómo hacer esto”.
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Visto lo cual, y traducido desde el lenguaje solemne de la ceremonia al lenguaje de la calle, cabe la reflexión de que, si estamos en un país en el que un alto responsable judicial ya admite que la ley está promulgada para los "robagallinas" (sic), y del que un organismo supranacional e independiente como es el GAFI alerta, además, de que las normas no deben ser paquetes bonitos de regalo envueltos en celofán (o en papel de embalar, según a qué se refieran), sino que se han de cumplir y.en su caso, sancionar debidamente, no debe extrañar el desapego ciudadano hacia toda aquella "clase" que exhibe la ley sólo para aquello que le conviene pero que se revela inmune a lo que no le conviene
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