La noticia que ha saltado estos días en los medios de comunicación es la declaración de un miembro del gobierno del Brasil (ya se sabe, país miembro de esa asociación económica que algunos dicen "de segunda fila" conocida como BRICS, y que integra a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica siguiendo el orden de sus iniciales) acerca del temor de que, por la actual evolución de las cifras macroeconómicas que impactan en todo lo que tiene que ver con China (y por los efectos de la corrupción en el país, todo hay que decirlo), su país se vea abocado a entrar en una espiral de deuda que pudiera perjudica su crecimiento. Nada que ver, por cierto, con la nula preocupación que demuestran los actuales gobernantes españoles sobre el tema, a la vista de la alegría con que se llega en un tiempo record (menos de una legislatura) a porcentajes de deuda respecto al PIB teóricamente inasumibles por nuestra economía y que, teorías aparte, hipotecan gravemente el futuro de más de una generación (y no es exageración) de ciudadanos de todo el país.
Esta divergencia en los enfoques sobre un tema tan importante, conduce a reflexionar sobre el mismo y eso nos lleva a advertir algunas paradojas a las que nos referiremos a continuación.
Un recordatorio teórico previo: se entiende por deuda soberana o deuda pública el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares o frente a otro país. Esta deuda, materializada normalmente mediante la emisión de títulos de valores (bonos, obligaciones...), es una forma de obtener recursos financieros por el Estado aunque el Estado puede utilizar la deuda como instrumento de política económica y en este caso debe aplicar la política de deuda que considere más apropiada en cada momento a los fines que persigue.
La deuda pública puede afectar, de una manera más o menos directa, a variables económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como los tipos de interés, el tratamiento del ahorro, y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero, etc.
La deuda pública es, pues, en síntesis, la obligación que adquiere el Estado por los préstamos que ha recibido o por los que es responsable, a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público o de otros países.
A la vista de estas definiciones, ya se observa que, si bien existe la obligación del Estado de atender la amortización en su debida forma de toda la deuda asumida, el tratamiento de un débito originado por la obtención de recursos necesarios y el de otro que obedezca a un tema de política económica puede no ser idéntico. Sobre esa premisa, y teniendo como telón de fondo la lucha contra esta crisis que nos azota, se han puesto sobre la mesa por algunos países diferentes propuestas encaminadas a analizar la deuda en vigor en cada caso, negociar algún supuesto y, llegando al extremo, priorizar, si se veía ineludible.
Lo primero que hay que decir es que todas estas iniciativas han encontrado el rechazo frontal del establishment, no ya de "los mercados", que puede entenderse, sino el de los gobiernos, en un movimiento que tiene más de corporativo entre ellos que de otra cosa, ya que el repudio (incluyendo automáticamente como herramienta habitual descalificaciones personales a sus defensores) se hace extensivo al estudio, análisis a futuro, o cualquier otro detalle o matiz aplicable. Basta recordar los casos de amenaza seria disfrazada de rechifla en formaciones como la griega Syriza o la española Podemos, que habían sugerido estudiar la situación en cada país.
Y lo segundo que hay que decir es que, dejando a un lado consideraciones ético-morales, tales actitudes no dejan en muy buen lugar a los gobiernos, que ignoran o menosprecian iniciativas como la que emprendió hace unos años la ONU. Y no dejan en buen lugar a los gobiernos porque si conocen la iniciativa, están engañando a sus ciudadanos ocultando la posibilidad de opciones estudiables y deben dimitir; y si no la conocen, demuestran ineptitud hacia algo que deberían saber y también deben dimitir.
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El caso es que, concretamente en respuesta a la crisis provocada por la gestión de la deuda asumida por Argentina en 2012 y acreditada por los denominados “fondos buitre”en la economía de este país, y en vista de que iba trascendiendo que éste no era un caso único, en 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instituir el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana (encarados a la modificación de los términos de la deuda adquirida por los países, especialmente en cuanto a plazos y tasas de interés). Este Comité empezó a trabajar en enero de 2015 y su presidencia fue encomendada a la representación boliviana (con lo cual no es descartable que algunos gobernantes y sus corifeos mediáticos se apresuren a tildar de "bolivariano" todo el trabajo del comité, pero eso es otra historia). Tras meses de labor, el comité aprobó “nueve principios” sobre dicha reestructuración y se espera que dichos principios sean aprobados en la Asamblea General en los primeros días de septiembre de este año. De ser así, tales mandatos marcarán un antes y un después en la historia del organismo internacional, pues será la primera vez que desde la ONU se trate de regular el endeudamiento de los países; en cierto sentido, se puede decir, que estará naciendo uno de los más importantes contrapesos a la actual visión de la deuda, expresada hoy por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Continúa...
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