Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 (que así se llama el documento), Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar como países menos corruptos, con una puntuación de 90 sobre 100 posibles, alcanzada gracias a eficaces sistemas de acceso a la información y normas regulatorias para funcionarios públicos y empresas privadas. Al extremo inferior de la tabla de calificación se ubican Afganistán, Corea del Norte y Somalia, países en los que la ausencia de instituciones públicas eficaces y la prácticamente nula rendición de cuentas abren espacio a la corrupción.
Lo grave, sin embargo, es que dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa.
En palabras de la Presidenta de Transparency International, Huguette Labelle, “Los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas. Entre las prioridades están normas más efectivas sobre lobby y financiación política, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población. Tras un año durante el cual la atención ha estado en la corrupción, esperamos que los gobiernos adopten una postura más firme contra el abuso de poder. Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2012 demuestran que las sociedades continúan pagando el alto costo que supone la corrupción”
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| Mapa de la corrupción 2012 |
En resumen, Transparency International ha advertido de que España no sanciona ni controla "suficientemente" la ineficiencia, el despilfarro y las corruptelas en el sector público. Además, recomienda la aprobación de un plan nacional de lucha contra la corrupción y de un código ético del diputado que actualice la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.
Propone, entonces, al
Gobierno la promoción de un plan estratégico contra la corrupción que
involucre a partidos políticos, ONGs, sindicatos, asociaciones
empresariales y medios de comunicación, sugiere la reforma en ese sentido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y plantea
que la investigación de los delitos de corrupción por parte de los
fiscales podría hacer "más viable" el sistema.
"Es muy destacable la ausencia de preocupación por la
educación de la ciudadanía frente al problema de la corrupción",
argumenta y comparando las situaciones de crisis económica y social de España con Grecia,
Portugal o Italia afirma que "Los vínculos entre la corrupción y la actual crisis
financiera y fiscal en estos países ya no se pueden ignorar. En ellos la
corrupción consiste a menudo en prácticas legales pero no éticas que
son el resultado de unas normas opacas en lo relativo a los grupos de
presión, del tráfico de influencias y del camino de ida y vuelta entre
el sector público y el privado", precisa.
Transparency International también hace referencia a la situación de las fuerzas políticas para sostener que "ninguno
de los dos grandes partidos" tiene "interés en mejorar profundamente el
estado de las cosas" pues cuando llegan al poder "olvidan sus promesas" y la oposición tiene "poca legitimidad" para reclamar lo que no hizo en el Gobierno.
Como
activos del sistema español cita la capacidad del poder legislativo de
controlar al ejecutivo, aunque, recuerda, "cuando no existe mayoría absoluta" y precisa que
"el mecanismo de control interno, a través de la disciplina de los
grupos parlamentarios, dificulta la corrupción".
Respecto al poder judicial, contrasta la independencia de los jueces y magistrados con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que considera "fuertemente politizado".
Llama la atención sobre la influencia política que pesa en los
nombramientos de los miembros de tribunales superiores, la falta de
recursos o la sobrecarga de trabajo.
El informe postula la conveniencia de mejorar el control financiero de los
partidos políticos respecto a los ingresos que perciben de las fuentes
privadas, así como de aprobar una ley de Rendimientos del Gobierno.
A
su juicio, sería deseable que se mejoraran las normas de conflictos de
interés de órganos como las Juntas Electorales, el Tribunal
Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
Estos órganos, añade, deberían hacer pública una auditoría de cuentas y
de gestión anual.
Por último, la organización internacional estudia el funcionamiento de órganos como el Defensor
del Pueblo o el Tribunal Constitucional, recomendando mejorar su
normativa interna. Subraya el afán de los dos grandes partidos por
controlar el supremo órgano fiscalizador del Estado.
Se puede consultar el Informe completo junto con los documentos anexos y la presentación a la prensa llevada a cabo ayer día 5 de diciembre en la web de Transparency International, clicando aquí,
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