Un vistazo a la crisis de los refugiados (1)

Hace días que, en un crescendo hasta hoy imparable de dramatismo, es noticia de portada en los medios de comunicación de todo el mundo cada día el atolladero (legal) en que se encuentran un número cada vez mayor de personas que buscan que la idílica Europa les reconozca su situación de refugiado en demanda de asilo huyendo de conflictos políticos en su propio país que les impide algo tan simple como es vivir en paz con su familia. Esta riada humana la componen personas de diferentes nacionalidades, aunque predominan los sirios, como se puede ver (con cifras ya más que sobrepasadas a fecha de hoy) en el gráfico que sigue:

 La evolución de la situación provoca en la ciudadanía que la mira estupefacta una mezcla de sentimientos, en suma, difíciles de gestionar con serenidad: lástima, indignación, rechazo ante determinadas reacciones oficiales, solidaridad.... La prueba de que la dimensión del escándalo (porque hoy ya es un escándalo desde múltiples puntos de vista) es mucho mayor a lo que se quiere admitir lo da un detalle aparentemente sólo burocrático y es que los ministros de Interior y de Justicia de la UE (organismo en el que "lo que no está en la agenda no existe" y "las fechas de la agenda son sagradas") adelantan la reunión prevista para empezar a debatir el tema de los refugiados, de octubre como estaba agendada al 14 de septiembre, como "reunión de emergencia”. Y veremos si no se ven impelidos a adelantarla.

Ante tal cúmulo de hechos, y sin otro ánimo que el de poner negro sobre blanco el análisis superficial como espectador de la situación y las reacciones conocidas de unos y otros ante ella, confeccionamos esta entrada del blog que, seguramente, no aporta nada nuevo (ni lo pretende), sino que se limita a pensar en voz alta y compartir opiniones sobre este drama.

Empecemos por el principio: estamos habituados a  ver que, como consecuencia de los conflictos armados que se inician día sí día no en todo el mundo, la población civil es la primera en sufrir las consecuencias tanto en pérdidas de vidas humanas como en destrucción de vivienda, desaparición de forma de vida, etc., en acciones ejercidas sin ningún recato por cualquiera de los bandos en conflicto y SIEMPRE sin que ello suponga la más mínima reacción por parte de "las potencias" que, en general, sólo esperan que una facción resulte vencedora para ofrecerle el participar en una "reconstrucción" de la que, casualmente, sólo sale ganando la "potencia" de turno. Cuando los ataques a la población lo marcan, la gente huye de su pueblo y se organizan campamentos de refugiados, en zonas seguras del propio país o en países limítrofes, con la intención de volver a sus pueblos en cuanto parezca que vuelve la calma y la paz (este aspecto, verificable estadísticamente, contradice la idea, expresada recurrentemente por nuestro actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para el que, al parecer, el dejar el propio país es poco menos que un deporte). De la calidad de vida en estos campamentos solemos enterarnos por organizaciones como Cruz Roja, Médicos sin fronteras, etc., pero como algo exótico y que pasa lejos.

¿Por qué ahora es diferente? El inicio del proceso es el mismo descrito, pero dado que la guerra civil que asuela el país tiene contendientes tan variopintos como el gobierno de Al-Assad, los rebeldes, los contra rebeldes, la minoría kurda, el Estado Islámico,... y que todos se ceben en la población civil, ha conducido a que el número de ciudadanos que huyen del caos vaya en aumento, lo que confirma que el mundo se enfrenta a la mayor crisis de refugiados del último medio siglo. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Turquía encabeza la lista de países que más sirios acoge, con 1,8 millones. Asimismo los vecinos Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países del norte de África se reparten el resto de los 4.013.000 de sirios que han cruzado la frontera, a los que se han de sumar los casi 8 millones que se encuentran atrapados dentro del país, que, como hemos dicho, vive una guerra civil con polifacéticos frentes y que encamina su quinto años de intensos combates con continuados ataques a la población civil. En este escenario, a nadie debe extrañar que los afectados intenten la salida del volcán una y otra vez, por los caminos y con los métodos más variados, no todos estrictamente legales, en busca de un mínimo de estabilidad o seguridad.

El ACNUR calcula por otra parte que, en la situación actual del país, hay que contar un incremento del flujo de personas que deciden abandonarlo (a su pesar, recordemos) del orden de un 10 % sobre el total sólo en este año, lo que, además, coincide con la disposición comunicada por algunos países (Turquía, Líbano,..) de no admitir a más refugiados en unos campos, a su juicio, sobrepasados en capacidad y con dificultades ya de atención.

La imagen siguiente de este puzzle es la de numerosos grupos de personas, en gran parte familias enteras (no sólo sirios; también iraquíes, libios, kosovares, albaneses, serbios, ucranianos, nigerianos, burundeses, sur-sudaneses,...)  se juegan literalmente la vida, por mar o por tierra, para conseguir llegar a la tierra prometida de Europa. ¿Y por qué Europa? Primero, por su relativa cercanía, pero, sobre todo, porque el Estado de la UE que lo acoge está obligado a proporcionar asistencia a esta persona hasta que se resuelva el trámite de conseguir el status legal de Refugiado (y son conscientes de que no todos lo conseguirán).Y a pesar de que, ciertamente, cada país decide qué asistencia proporcionar, el hacerlo implica alimentación, alojamiento, algo de dinero en efectivo, etcétera. En Alemania por ejemplo también hay clases de alemán. ¿Y por qué los sirios que llegan a Grecia o a Italia (según la forma de llegar elegida) no quieren quedarse en el país y prefieren irse a Alemania o Noruega? En la asistencia hay una respuesta: qué pueden dar Grecia, Italia (o España) ahora y qué Alemania. Además, una vez eres refugiado puedes buscar trabajo en el país que te ha acogido. ¿Dónde puede resultar más fácil encontrar trabajo?

Esta voluntad de acudir a Europa como sea, ha provocado que, según el ACNUR, el número de inmigrantes que ha cruzado el Mediterráneo para llegar a Europa superó este año las 300.000 personas (200.000 por Grecia y 100.000 por Italia) frente a las 219.000 del año pasado y que hay un contingente de casi 400.000 personas que intentan llegar a la Europa del Norte por tierra, aunque sea andando. La UE debe hacer frente, pues, a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. El número de refugiados que llega al continente bate récords a diario, mientras que, tomadas las organizaciones europeas en fuera de juego ante un problema "que no figuraba en la agenda", las medidas que adoptan reciben cada día más críticas por la carga de indiferencia y de rechazo violento que conllevan, hasta el punto de que parece haberse convertido en mero dato estadístico la gente que, huyendo del hambre y de los conflictos armados, muere en barcos, camiones y campos de refugiados, casi siempre a manos de mafias que están haciendo su agosto ante la pasividad e inacción oficiales.

Todo este maremágnum de cosas aconsejó, en los albores de lo que se preveía como un proceso de migración ordenada (mayo de 2015), el establecer unas cuotas de asilo, no obligatorias, entre los países de la UE, tal que así, según cifras del Eurostat:

Pero, cuando se inició el descarnado esperpento actual (referido a la actuación de las autoridades y no, naturalmente, al drama en sí), se analizó la realidad de las evolución y se observó que cuatro de cada diez peticiones de asilo en 2014 y 2015 son tramitadas en Alemania, con más de 170.000 solicitantes: mientras que casi dos de cada diez, son hechas en Hungría (67.000 solicitudes). En total, ambos países suman más de la mitad de las solicitudes de asilo, lo que parecía consolidar la conveniencia de presuponer el camino de los refugiados para acceder a la UE por Hungría aquellos que optaran viajar por tierra vía Turquía y Grecia. 

Y, a partir de aquí, el desmadre. Angela Merkel planteó unas necesidades estimadas de atender un total a 40.000 refugiados en la UE, distribuidos por países en función del PIB y habitantes de cada uno. Al no tratarse de cifras obligatorias, España puso el grito en el cielo y, por boca del ministro García Margallo, argumentó que le parecía injusto que nuestro país, con la tasa de paro que soportaba, tuviera que asumir la cuota propuesta, que es una cifra inferior a 3.000 personas (Un inciso: ¿Estamos o no en recuperación? ¿Se ve o no el final del túnel? Es más, el mismo presidente del gobierno, Mariano Rajoy ha dicho - y sus portavoces lo han repetido hasta la saciedad - que "ya nadie habla del paro en España, sino del crecimiento del empleo", y el ministro De Guindos ha asegurado que ya en el 2015 crecerá una burrada por ciento nuestra economía, lo que lejos de ser un dato estadístico de macroeconomía que se ha de gestionar adecuadamente, nos dicen que es indicador, poco menos, de que en todos los hogares ya se atan los perros con longanizas. Y ahora resulta que no, que el paro sigue sin controlarse y nuestra economía - no ya sólo la doméstica - no está para tirar cohetes. ¿En qué quedamos? O se miente a los españoles o se miente al Consejo de Europa. O a los dos. Cerramos inciso).

Continúa

Sin ánimo de comparar (colofón... por ahora)

Hace pocas fechas realizábamos un acercamiento (sin ánimo de comparar, por supuesto) entre la situación que se había originado en Guatemala, en que su presidente, Otto Perez Molina, se aferraba al sillón apelando a la presunción de inocencia jurídica aún cuando las pruebas de la investigación acerca de ciertos casos de corrupción ligados a operaciones aduaneras lo acusaban directamente, y otros casos de corrupción que nos resultan mas cercanos.

Siguiendo con nuestro ánimo de no comparar, aunque sí de reflexionar objetivamente sobre hechos que, ya se sabe, ocurren lejos y en países en desarrollo, de esos que algunos definen alegremente como "repúblicas bananeras", vale la pena fijarse en la evolución del problema: la actitud del presidente ha causado en el país una crisis de gobierno en toda regla, hasta el punto de que, a fecha de hoy, ya son seis los ministros - del mismo partido que el presidente - que han dimitido (en una clara demostración de que, en su sentido de la ética, pesa más la sospecha de indecencia que la presunción de inocencia, a juzgar por las declaraciones de todos ellos al explicar el motivo de la dimisión).

El último paso es que el Congreso (con mayoría de su partido), ha autorizado el levantamiento de la inmunidad presidencial y le impide salir delpaís con el fin de que Otto Pérez sea juzgado por los graves hechos de que se le acusa, sin que nadie haya pensado en que "la ley lo protege y la ley está para cumplirla". Cualquier gobernante debe de saber que uno de sus deber es es vigilar que las leyes sean justas y que, si no lo son, es inmoral exigir sin más su cumplimiento para eludir asumir responsabilidades.

Y el colmo, por cierto, de leyes injustas a medida que "se han de cumplir" es la aberración jurídica que ayer mismo propuso el grupo popular en el Congreso (volviendo ya a España) de reforma del Tribunal Constitucional (TC). De entrada, el bodrio es inconstitucional porque esa Constitución que se usa  como excusa argumentada del inmovilismo no contempla capacidad sancionadora para el TC, y para que la tenga es necesario reformar antes la Carta Magna.
No es objetivo de esta entrada al blog realizar ningún análisis de la propuesta (ya habrá expertos que lo harán, como es natural), pero es inevitable resaltar un par (sólo un par) de incoherencias que pueden causar consecuencias jurídico/legales imposible de definir.
La propuesta, oportunista e inoportuna a la vez, está pensada como remiendo al tema de Catalunya (lo declaró el candidato del PP Garcia Albiol abiertamente), algo que no han sabido gestionar en cuatro años, que no saben cómo afrontar, y, del que, lo que es peor, creen que unas multas (por muchas que sean) acallará un sentimiento no escuchado, atendido ni averiguado los motivos que lo originan, de millones de personas.
La guinda del pastel la pone el hecho de que el PP propone facultar al TC a suspender disposiciones actos y actuaciones previamente impugnadas (por el Gobierno, claro) "sin escuchar a las partes". Y eso, por si alguien no lo nota, es un torpedo en toda regla a la linea de flotación del estado de derecho.

Dejémoslo aquí; ya hemos dicho que no se trata de analizar.Si se aprueba esta aberración, causa urticaria que después digna sobre ella que "está para cumplirla". Sin ánimo de comparar, en países en desarrollo, como puede ser, por ejemplo, Guatemala, la actuación ante determinadas leyes es otra. Por saberlo.

Convención contra el soborno

Estos días es noticia de portada en los medios de comunicación nacionales que la Guardia Civil ha efectuado registros en la sede de un partido político y varios ayuntamientos regidos por ese partido
La noticia en sí es positiva (ojalá se encuentren las pruebas que confirmen los indicios que han originado el registro o las que los descarten definitivamente, por la salud ética de todo el sistema) pese a algún detalle que parece indicar una cierta manipulación política del hecho, a saber:
- A las 8:00 horas del día del registro, algunos medios,  de los muchos que ya estaban apostados en la puerta del partido en cuestión cuando acudió la comitiva oficial, ya publicaban que "a las 9,45 iniciará la GC  un registro en..." Curioso. ¿Cómo tenían tal precisión sus ignoradas fuentes? La mediatización de la noticia debe ser casual.
- También debe ser casual que una noticia como esa, que afecta negativamente a un partido en la precampaña (hay más de uno y más de dos casos, basta consultar  la hemeroteca), nunca tiene como protagonista el partido que sustenta el gobierno.
- Para mayor detalle, la "luz y taquígrafos" de los medios incluía todas y cada una de las corporaciones registradas, en alguna de las cuales, según ha trascendido, el "registro" se sustanció en la petición de un expediente de obras, debidamente facilitado a las autoridades, naturalmente.

Estas y otras minucias no deben conducir a pensar que el registro de la sede de un partido político  sea mala; al contrario, tal y como está el patio, si realmente se produjeran estas acciones (sin publicidad previa y sin aprovechamiento partidista) seriamente, otro gallo cantaría.

Pero es que, desafortunadamente; todo indica que hechos así, demostrativos de una decidida lucha contra la corrupción, no pasan de ser "tratamientos de estética" de cara a la galería, porque, lo que son las cosas, estos días ha publicado la organización  Transparencia Internacional su informe anual sobre la evolución del grado de cumplimiento por sus firmantes de la Convención de la OCDE para combatir el soborno, con unos resultados que son para echarse a llorar. (puede descargarse y consultar el informe en castellano a través de la pagina web de Transparencia Internacional España)   En resumen, de los 41 países que son parte en la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno, 22 han incumplido su obligación de combatir el soborno transnacional y.no han investigado ni juzgado ningún caso de soborno en el extranjero que les afecte en los últimos cuatro años.

Sin embargo, Transparencia Internacional, percibe señales alentadoras y carga las tintas en que cuatro países han mejorado sus medidas de aplicación y solamente un país mostró retrocesos.

En efecto, transcurridos 16 años desde que entró en vigor la Convención, el Informe de Avance de 2015 del que nos hacemos eco muestra que solamente 4 de los 41 países signatarios investigan y juzgan activamente a empresas que sobornan a funcionarios extranjeros para conseguir la adjudicación de contratos o incrementar artificialmente su valor, o para obtener licencias y concesiones. Seis países más han quedado clasificados en la categoría de aplicación moderada, mientras que en otros nueve se determinó que la implementación era limitada. Los demás 20 países están haciendo esfuerzos mínimos o nulos para asegurar que sus empresas no propaguen la corrupción en todo el mundo, y en dos países no se pudieron obtener mediciones.

“Al suscribir la Convención, los gobiernos se comprometen a investigar y juzgar la corrupción transnacional, pero a pesar de ello casi la mitad de los gobiernos signatarios no lo están haciendo”, indicó el Presidente de Transparencia International, José Ugaz. “La OCDE debe asegurar que haya consecuencias concretas ante un desempeño tan exiguo. La violación de las obligaciones de derecho internacional de combatir la corrupción transnacional no puede ser tolerada”.

Tal como indica el informe, los 20 países con nivel de aplicación mínimo o nulo representan el 20,4 por ciento de las exportaciones mundiales. Estos países no están investigando ni juzgando casos de soborno transnacional debido a falta de voluntad política y a que no se asignan recursos suficientes a medidas de cumplimiento e investigaciones.

Las sanciones insuficientes previstas por la legislación o aplicadas en la práctica para disuadir el soborno transnacional también debilitan las acciones de cumplimiento en 21 países (como ejemplo, en Rusia, las reformas al código penal efectuadas en 2015 rebajaron las penas previstas para el ofrecimiento o la aceptación de sobornos, incluidos los casos en que están involucrados funcionarios extranjeros).

Dejamos, como siempre, que cada uno/a extraiga sus propias conclusiones de la lectura del documento,

 ¡Ah! lo olvidaba: España se encuadra en el grupo de los países que no han hecho NADA.

Las listas de "no admitido a vuelo"

Que la agresión a los derechos que se tenían en todo el mundo como ciudadanos (y no me refiero, claro está, a aquellos países en los que, por desgracia, sólo citar estos derechos pertenece al campo de la utopía) es moneda cada vez más usual,  no requiere discusión. Aquel discurso tendencioso y fácil de cambiar llibertad por seguridad, sin que algunos admitan que ese es un discurso extremo (aplicable, ciertamente, pero solo en determinadas ocasiones) pero no la base de todas las acciones.
Todos sabemos que el atentado en Estados Unidos a las torres gemelas de Nueva York del año 2001 supuso un antes y un después en la consideración de las libertades individuales, prueba de lo cual es la famosa Patriot Act (sobre la que no nos extenderemos), promulgada "en caliente" tras los atentados, y puesta en cuestión desde el momento del inicio de su vigencia y en todos los períodos de revisión por los que ha pasado.

La (pen)última vuelta de tuerca en este asunto la encontramos en el artículo publicado por el diario The Guardian, el pasado 10 de agosto, y que nos permitimos comentar. En síntesis es que en Estados Unidos, con visión estratégica de "precrimen", no dejarán usar las compañías aéreas para viajar si las autoridades (?) creen que puedes ser un terrorista en el futuro.

Para ello se aplicará la No Fly List, una lista que ya existe en Estados Unidos y que recopila los nombres y los datos de personas a las que, por algún motivo, las autoridades nunca dejarían subir a un avión. Casi todo lo que rodea a dicha lista es un misterio y, por ejemplo, solo por filtraciones de información se sabe que, en 2013, en ella figuraban más de 47.000 nombres. Es lógico pensar que allí se encontrarán terroristas y otros delincuentes, pero también hay alguna que otra sorpresa, como la de poder ser incluido en la lista si las autoridades creen que en el futuro, la persona podría cometer algún crimen terrorista .

El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que en la No Fly List se aplican "cálculos predictivos sobre amenazas potenciales", es decir, aplican un sistema que, valorando algunas variables que desconocemos pero que nos podemos imaginar, decide si una persona será propensa a cometer un delito de terrorismo en el futuro o no. Si lo es, tendrá que quedarse en tierra la próxima vez que quiera viajar por aire.

Para la No Fly List no sólo importa lo que se sepa que se haya hecho, sino lo que "ellos" creen que se vaya a hacer

"Por su propia naturaleza, el identificar a individuos que pueden suponer una amenaza a la aviación civil o a la seguridad nacional es un dictamen predictivo cuya función es prevenir futuros actos de terrorismo en un contexto incierto", explican algunos funcionarios del Departamento de Justicia que, además, creen que no es necesario proporcionar ninguna otra información para justificar la inclusión de un nombre, ya que esto podría significar que datos "altamente sensibles para la seguridad nacional caigan en las manos de organizaciones terroristas y otros adversarios".

Desde la organización American Civil Liberties Union (ACLU), que ha llevado a juicio al Gobierno por todo el secretismo alrededor de la No Fly List, consideran que debe hacerse una revisión de este algoritmo "pre-crimen" y comprobar, entre otras variables, su tasa de error. Además, se quejan de que están incluyendo en la lista a gente que no ha cometido crímenes en el pasado sin avisarles de que han sido añadidos (se enteran cuando van a viajar) y sin explicarles las razones, así como que no permiten un "proceso justo" de apelación que ofrezca la opción de demostrar que no suponen ningún peligro.
La ACLU lleva desde 2010 en una batalla legal contra Estados Unidos después de que 13 ciudadanos estadounidenses fueran incluidos en la lista sin motivo aparente, ya que no tenían ningún historial delictivo. Todos ellos, explican, eran musulmanes. Un juez les dio la razón y obligó al Gobierno a explicar las razones por las que dichas personas habían sido marcadas como sospechosas, pero tan sólo les ofrecieron generalidades del tipo "X ha viajado a Y país tal año". ACLU ha solicitado, sin éxito, que desclasifiquen su informe completo.
"El Gobierno también parece estar utilizando vigilancia electrónica, sin dar más información sobre la base legal de dicha vigilancia o de sus resultados", se lamentan desde ACLU, al mismo tiempo que piden transparencia y que se declare inconstitucional el cómo no se da apenas información de los motivos por los que alguien podría aparecer de un día para otro en dicha lista. "De lo contrario, la ciencia ficción distópica se convertirá en realidad", sentencian.

A la vista de todo ello, uno puede pensar que ya se sabe que los americanos son muy suyos y toman iniciativas curiosas pero que cosas así no pasan en Europa y menos en España.

¿Que no?

Pues, más allá del artículo de The Guardian, hay que recordar que hace unos meses se publicó por las autoridades españolas un pliego técnico por el que se buscaba algún tipo de sistema y algoritmo (con la idea de tenerlo listo el 1 de diciembre de este 2015) que fuese capaz de detectar y caracterizar "patrones comportamentales anómalos o atípicos" con el fin de construir una super-base de datos que se nutra de diferentes fuentes (por ejemplo, de datos o informaciones en las redes sociales) y que sea capaz de identificar a los pasajeros "sospechosos".

De hecho ya había anteriormente planes para hacer e implementar un sistema en España, pero han quedado en suspenso por cambios legislativos en la UE y los planes han cambiado. Pese a que se admitieron para el citado pliego dos propuestas (la de Indra y la de Accenture), al final el Ministerio del Interior ha anulado la licitación. ¿El motivo? Como se apunta más arriba, los cambios legislativos que está introduciendo la Unión Europea en lo que a facilitar las listas de pasajeros respetando la legislación en protección de datos se refiere. Sin embargo, se trata de una "retirada temporal": y  en la resolución para la retirada se explica que pronto habrá una nueva licitación similar cuyo pliego incorpore los cambios de acuerdo a la normativa de la UE.

Sin ánimo de comparar...

Es un hecho, por desgracia indiscutible, que el fenómeno de la corrupción es global, ajeno a ideologías e independiente de si la forma de gobierno es una u otra, incluso si se trata de países con tradición democrática o no. No está de más tampoco recordar que la corrupción no se ciñe al sector público (ya decía el recientemente desaparecido Rafael Chirbes en su obra Crematorio, que "no hay riqueza inocente"), si bien en éste es más cruda porque juega con los bienes de todos, y a todos nos afecta.

Lo que cambia radicalmente es, por una parte, el conformismo con esta "fatalidad" que muestran muchos ciudadanos, aparentemente resignados ante ella como algo contra lo que no puede lucharse, y por otra. la actitud de los poderes públicos, en una vergonzosa tolerancia que permite que se instale, sin que nada indique que no sea así, el "hoy por ti, mañana por mí" creando una indiscutida sensación de inmunidad/impunidad para sus protagonistas, habitualmente personajes conocidos, a veces controvertidos, pero siempre cercanos a los círculos del poder.

El ciudadano medio tiene la impresión de que en lo tocante a esta lacra, los países más avanzados son también los que marcan la pauta en el combate contra ella, en la exigencia de responsabilidades y en la aplicación del castigo correspondiente; sin embargo, está demostrado que la ética no tiene por qué estar alineada con del nivel económico o tecnológico del país, sino con otras cosas.

Como muestra, y como ya decimos, sin ánimo de comparar, la Agencia France Press difunde, y los diarios centroamericanos lo publican el día 22 de agosto, la noticia de la intención del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala de someter a juicio por corrupción al presidente en ejercicio del país juno con otras personas, del gobierno y de fuera de él.
No comparamos ni la actitud independiente del Ministerio Público (en España, esa Fiscalía sobre la que un informe del Consejo de Europa de enero de 2014 aconseja reconsiderar la forma de selección y permanencia de sus miembros. Ni caso hasta hoy, casi dos años después) ni la inexistencia de chalaneos de aforamientos que parecen proteger de la acción de la Justicia (con mayúscula) a los aforados.

Hemos podido leer la noticia difundida por la agencia en un diario guatemalteco y en uno mexicano, y la coincidencia es total, sin sesgos partidistas de ningún tipo en el periódico del país.
No comparamos algunos enfoques "curiosos" que efectúan muchos medios españoles en noticias que pueden afectar negativamente al gobierno, sus integrantes o el partido que lo sustenta. 

Según las informaciones, ya del día 23, el presidente Otto Perez Molina se niega a presentar su renuncia pero.por el contrario, "sus ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Educación, Cynthia del Águila, así como el Comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paíz, cercanos a cúpula empresarial, renunciaron ayer a sus cargos al considerarse decepcionados por la supuesta participación de Pérez en esa estructura ilegal" (el subrayado es nuestro).
Aquì si se puede comparar la actitud del presidente del país de aferrarse a la poltrona, por lo que se ve, en línea con la actitud de mandamases de otras latitudes, también envueltos en oscuros manejos. No comparamos, sin embargo, la decencia demostrada por los dimisionarios en una actitud ética a aplaudir, que no se escudan en "suposiciones" o "presunciones" legales para mantener un inmoral apoyo al investigado. Y es que hay una ralea política que no sabe distinguir entre responsabilidad política, social, moral, jurídica,... y se pierde en vericuetos de imputado, encausado, citado acusado,.. etc. a su conveniencia cada vez. Veámoslo en un ejemplo que hasta el político más recalcitrante pueda entender: un vecino saca a su doberman a pasear, el perro defeca ante mi casa, el propietario deja allí "la prueba del delito", y lo denuncio, pero el juez, por el motivo que sea (defecto de forma, prescripción, cambio en las normas, plazos, diligencias, o cualquier triquiñuela de las que saben tanto los abogados) lo libra de castigo. Es evidente que, por mucho que diga que no el auto judicial, ese vecino ES un cochino. Y nadie con dos dedos de frente (salvo que sea otro cochino) lo defenderá argumentando que es inocente (que no lo es de los hechos). Quizá haya que poner de moda las expresiones tales como "... y nos visita el conocido chorizo juridicamente no culpable Fulanito.."

Para que cada cual saque sus propias conclusiones (sin comparar nada, por supuesto), reproducimos a continuación sin tocar ni una coma, el despacho de agencia.

Corrupción: Ministerio Público pidió antejuicio contra el presidente de Guatemala

Este viernes, el Ministerio Público pidió el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por su participación en la estructura que defraudaba el Sistema de Administración Tributaria de Guatemala. 

La jefa de la Fiscalía de Guatemala, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) - ente adscrito a la ONU que apoya la depuración judicial -, Iván Velásquez, confirmaron que el presidente Otto Pérez Molina y quien fue la vicepresidenta, hasta mayo pasado, Roxana Baldetti, formaban parte de la estructura de defraudación aduanera que fue desarticulada en abril por las autoridades guatemaltecas.

“No hay duda, inclusive por la alusión a referencias de reuniones con el presidente de la República, que todas las referencias al ‘número 1′ y a ‘la número 2′ corresponden al presidente y ala vicepresidente de la república. En todo esto también hay una participación muy lamentable, tenemos que decirlo, del señor presidente y la exvicepresidenta”, dijo Iván Velásquez, titular de la CICIG.

Baldetti fue capturada esta mañana de viernes en un hospital privado, donde se encontraba internada desde el fin de semana pasado, al mismo tiempo que su residencia fue allanada. Este mismo viernes, contra el presidente Otto Pérez Molina, el propio Ministerio Público pidió antejuicio al Congreso de la República. En el allanamiento a la residencia de la exvicepresidenta, las autoridades encontraron nuevos documentos que incriminaban a la pareja presidencial, según explicó Thelma Aldana, la jefa fiscal.

“Después del análisis en conjunto, sistemático, de las escuchas telefónicas, podemos decir que todas estas referencias al ‘número 1′, ‘al mero mero’, al ‘dueño de la finca’, a ‘la dueña de la finca’, ‘la mera mera’, ‘la señora’, corresponde y aluden al presidente Otto Pérez Molina, y por eso se pidió el antejuicio contra él, y a la señora Ingrid Baldetti, y por eso se pidió la captura que se hizo efectiva en la mañana de hoy”, dijo el comisionado Velásquez durante una conferencia de prensa en la que insistió en que no habían tomado ninguna acción de esta envergadura porque no había absoluta certeza.

Las oficinas de investigación de Guatemala parecen no dudar de que la pareja presidencial que gobernó ese país desde 2012 consintieron y permitieron que funcionarios, como el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y personas que no eran empleados de Gobierno, como Estuardo González Álvarez, desviaran fondos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de un proceso denominado La Línea, con la que controlaban a determinados empleados del sistema para desviar fondos.

En el organigrama de la estructura que defraudaba al fisco las fotografías de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti están a la cabeza de la pirámide, aunque la imagen de ambos están cuidadosamente separadas del resto de la estructura por un espacio en blanco. Debajo de las fotos de Pérez Molina y Baldetti aparece Juan Carlos Monzón y él, en cambio, sí está conectado por una línea con el resto de miembros de la organización.

“Hasta antes del 16 de abril teníamos dudas. Sabíamos que se hacía referencia a la ‘número 2′, a ‘la señora’, pero no podíamos declarar con certeza que se tratara de ella, por eso hubo necesidad de profundizar en las pruebas para justificar bien la orden de aprehensión (contra Baldetti)”, dijo Aldana, ante preguntas de medios locales durante la conferencia brindada en conjunto con la CICIG.

En la conferencia de prensa el MP y la CICIG también revelaron que habían encontrado documentos informáticos que contabilizaban el dinero que movía la Línea. “Hay un control de recaudación y de sobornos. Estos cuadros son originales de miembros de la organización elaborados por quienes llevaban la administración. Afortunadamente es así, y naturalmente los datos serán contrastados con otra información bancaria, etcétera”, explicó Velásquez.

El MP y la CICIG aun no pueden cuantificar exactamente cuánto fue el monto defraudado por La Línea pero, según explicó Velásquez, hay un equipo haciendo los análisis financieros respectivos. “Por el volumen de la documentación no se puede actuar con la agilidad que quisiéramos. Continuamente hay investigadores y analistas solo dedicado, exclusivamente, al tema de los importadores. Sí pedimos comprensión en cuanto al volumen de la información”, dijo Velásquez.

Los periodistas guatemaltecos durante la conferencia preguntaron insistentemente por qué las investigaciones tardaron cuatro meses, desde abril, en concretar acciones concretas contra la pareja presidencial. “No porque se diga algo de una persona en una conversación telefónica podemos determinar que eso es solo porque así se dice en la comunicación. Por ejemplo, en los medios se divulgó un error, se dijo que cuando se decía ‘la R’ se refería a la vicepresidenta y eso era un error porque en realidad significa recaudación”.

La captura de la exvicepresidenta fue autorizada por el juez de Mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Debido a que la exvicepresidenta Baldetti se encuentra hospitalizada desde el pasado domingo, un grupo de Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses verificarán el estado de salud de la ex vicepresidenta para determinar si puede ser trasladada al juzgado. El gerente del Centro Médico donde se encuentra Baldetti asegura que al ingreso su salud era estable, “pero conforme pasaron los días en el hospital, su salud empeoró”, reportó en Twitter el periódico guatemalteco Prensa Libre. Los médicos se comprometieron a dar más detalles al mediodía.

El abogado de la vicepresidenta aseguró que la aprehensión de Baldetti resultaba innecesaria puesto que ya se había puesto a disposición de las autoridades. “El derecho de defensa se le ha violado toda vez que era más fácil llamarla a una primera declaración que definitivamente girar una orden de aprehensión. Estamos cansados de todo lo que ha ocurrido en este proceso pero esperamos que el juez actúe en base a la ley”, dijo el defensor Mario Cano.

Baldetti salió salpicada tras el desmantelamiento de una red de defraudación aduanera el pasado 16 de abril, donde el supuesto cabecilla era su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia y quien debe ser ubicado y detenido por el ministerio de Gobernación guatemalteco. Monzón, un hombre de confianza de Baldetti con un pasado vinculado al robo de vehículos según investigaciones de medios locales, provocó la renuncia de la vicepresidenta luego de que en escuchas telefónicas entre supuestos miembros de la red se registran menciones como “La señora”.

Tras el escándalo de corrupción, la exvicepresidenta renunció al cargo el 8 de mayo, en lo que significó un duro golpe para el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, en un contexto de protestas ciudadanas, masivas, en las que también se ha exigido la renuncia e investigación por actos de corrupción contra el mandatario.

“La credibilidad del gobierno está por el piso”, declaró en mayo el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein (2004-2008), quien mencionó que requerirá de una “gran madurez” de la ciudadanía y los partidos políticos para recuperar la confianza, a las puertas de un proceso electoral.

Más de siete millones de guatemaltecos -casi la mitad de la población- estará llamada a votar en las elecciones generales el 6 de septiembre -25 de octubre de ser necesario una segunda vuelta presidencial-, en un proceso ensombrecido.

Pues mira por donde, esa última frase del despacho “La credibilidad del gobierno está por el suelo, y se requerirá de una “gran madurez” de la ciudadanía y los partidos políticos para recuperar la confianza, a las puertas de un proceso electoral" no sé por qué pero me suena de algo.