Sin ánimo de comparar (colofón... por ahora)

Hace pocas fechas realizábamos un acercamiento (sin ánimo de comparar, por supuesto) entre la situación que se había originado en Guatemala, en que su presidente, Otto Perez Molina, se aferraba al sillón apelando a la presunción de inocencia jurídica aún cuando las pruebas de la investigación acerca de ciertos casos de corrupción ligados a operaciones aduaneras lo acusaban directamente, y otros casos de corrupción que nos resultan mas cercanos.

Siguiendo con nuestro ánimo de no comparar, aunque sí de reflexionar objetivamente sobre hechos que, ya se sabe, ocurren lejos y en países en desarrollo, de esos que algunos definen alegremente como "repúblicas bananeras", vale la pena fijarse en la evolución del problema: la actitud del presidente ha causado en el país una crisis de gobierno en toda regla, hasta el punto de que, a fecha de hoy, ya son seis los ministros - del mismo partido que el presidente - que han dimitido (en una clara demostración de que, en su sentido de la ética, pesa más la sospecha de indecencia que la presunción de inocencia, a juzgar por las declaraciones de todos ellos al explicar el motivo de la dimisión).

El último paso es que el Congreso (con mayoría de su partido), ha autorizado el levantamiento de la inmunidad presidencial y le impide salir delpaís con el fin de que Otto Pérez sea juzgado por los graves hechos de que se le acusa, sin que nadie haya pensado en que "la ley lo protege y la ley está para cumplirla". Cualquier gobernante debe de saber que uno de sus deber es es vigilar que las leyes sean justas y que, si no lo son, es inmoral exigir sin más su cumplimiento para eludir asumir responsabilidades.

Y el colmo, por cierto, de leyes injustas a medida que "se han de cumplir" es la aberración jurídica que ayer mismo propuso el grupo popular en el Congreso (volviendo ya a España) de reforma del Tribunal Constitucional (TC). De entrada, el bodrio es inconstitucional porque esa Constitución que se usa  como excusa argumentada del inmovilismo no contempla capacidad sancionadora para el TC, y para que la tenga es necesario reformar antes la Carta Magna.
No es objetivo de esta entrada al blog realizar ningún análisis de la propuesta (ya habrá expertos que lo harán, como es natural), pero es inevitable resaltar un par (sólo un par) de incoherencias que pueden causar consecuencias jurídico/legales imposible de definir.
La propuesta, oportunista e inoportuna a la vez, está pensada como remiendo al tema de Catalunya (lo declaró el candidato del PP Garcia Albiol abiertamente), algo que no han sabido gestionar en cuatro años, que no saben cómo afrontar, y, del que, lo que es peor, creen que unas multas (por muchas que sean) acallará un sentimiento no escuchado, atendido ni averiguado los motivos que lo originan, de millones de personas.
La guinda del pastel la pone el hecho de que el PP propone facultar al TC a suspender disposiciones actos y actuaciones previamente impugnadas (por el Gobierno, claro) "sin escuchar a las partes". Y eso, por si alguien no lo nota, es un torpedo en toda regla a la linea de flotación del estado de derecho.

Dejémoslo aquí; ya hemos dicho que no se trata de analizar.Si se aprueba esta aberración, causa urticaria que después digna sobre ella que "está para cumplirla". Sin ánimo de comparar, en países en desarrollo, como puede ser, por ejemplo, Guatemala, la actuación ante determinadas leyes es otra. Por saberlo.