Las listas de "no admitido a vuelo"

Que la agresión a los derechos que se tenían en todo el mundo como ciudadanos (y no me refiero, claro está, a aquellos países en los que, por desgracia, sólo citar estos derechos pertenece al campo de la utopía) es moneda cada vez más usual,  no requiere discusión. Aquel discurso tendencioso y fácil de cambiar llibertad por seguridad, sin que algunos admitan que ese es un discurso extremo (aplicable, ciertamente, pero solo en determinadas ocasiones) pero no la base de todas las acciones.
Todos sabemos que el atentado en Estados Unidos a las torres gemelas de Nueva York del año 2001 supuso un antes y un después en la consideración de las libertades individuales, prueba de lo cual es la famosa Patriot Act (sobre la que no nos extenderemos), promulgada "en caliente" tras los atentados, y puesta en cuestión desde el momento del inicio de su vigencia y en todos los períodos de revisión por los que ha pasado.

La (pen)última vuelta de tuerca en este asunto la encontramos en el artículo publicado por el diario The Guardian, el pasado 10 de agosto, y que nos permitimos comentar. En síntesis es que en Estados Unidos, con visión estratégica de "precrimen", no dejarán usar las compañías aéreas para viajar si las autoridades (?) creen que puedes ser un terrorista en el futuro.

Para ello se aplicará la No Fly List, una lista que ya existe en Estados Unidos y que recopila los nombres y los datos de personas a las que, por algún motivo, las autoridades nunca dejarían subir a un avión. Casi todo lo que rodea a dicha lista es un misterio y, por ejemplo, solo por filtraciones de información se sabe que, en 2013, en ella figuraban más de 47.000 nombres. Es lógico pensar que allí se encontrarán terroristas y otros delincuentes, pero también hay alguna que otra sorpresa, como la de poder ser incluido en la lista si las autoridades creen que en el futuro, la persona podría cometer algún crimen terrorista .

El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que en la No Fly List se aplican "cálculos predictivos sobre amenazas potenciales", es decir, aplican un sistema que, valorando algunas variables que desconocemos pero que nos podemos imaginar, decide si una persona será propensa a cometer un delito de terrorismo en el futuro o no. Si lo es, tendrá que quedarse en tierra la próxima vez que quiera viajar por aire.

Para la No Fly List no sólo importa lo que se sepa que se haya hecho, sino lo que "ellos" creen que se vaya a hacer

"Por su propia naturaleza, el identificar a individuos que pueden suponer una amenaza a la aviación civil o a la seguridad nacional es un dictamen predictivo cuya función es prevenir futuros actos de terrorismo en un contexto incierto", explican algunos funcionarios del Departamento de Justicia que, además, creen que no es necesario proporcionar ninguna otra información para justificar la inclusión de un nombre, ya que esto podría significar que datos "altamente sensibles para la seguridad nacional caigan en las manos de organizaciones terroristas y otros adversarios".

Desde la organización American Civil Liberties Union (ACLU), que ha llevado a juicio al Gobierno por todo el secretismo alrededor de la No Fly List, consideran que debe hacerse una revisión de este algoritmo "pre-crimen" y comprobar, entre otras variables, su tasa de error. Además, se quejan de que están incluyendo en la lista a gente que no ha cometido crímenes en el pasado sin avisarles de que han sido añadidos (se enteran cuando van a viajar) y sin explicarles las razones, así como que no permiten un "proceso justo" de apelación que ofrezca la opción de demostrar que no suponen ningún peligro.
La ACLU lleva desde 2010 en una batalla legal contra Estados Unidos después de que 13 ciudadanos estadounidenses fueran incluidos en la lista sin motivo aparente, ya que no tenían ningún historial delictivo. Todos ellos, explican, eran musulmanes. Un juez les dio la razón y obligó al Gobierno a explicar las razones por las que dichas personas habían sido marcadas como sospechosas, pero tan sólo les ofrecieron generalidades del tipo "X ha viajado a Y país tal año". ACLU ha solicitado, sin éxito, que desclasifiquen su informe completo.
"El Gobierno también parece estar utilizando vigilancia electrónica, sin dar más información sobre la base legal de dicha vigilancia o de sus resultados", se lamentan desde ACLU, al mismo tiempo que piden transparencia y que se declare inconstitucional el cómo no se da apenas información de los motivos por los que alguien podría aparecer de un día para otro en dicha lista. "De lo contrario, la ciencia ficción distópica se convertirá en realidad", sentencian.

A la vista de todo ello, uno puede pensar que ya se sabe que los americanos son muy suyos y toman iniciativas curiosas pero que cosas así no pasan en Europa y menos en España.

¿Que no?

Pues, más allá del artículo de The Guardian, hay que recordar que hace unos meses se publicó por las autoridades españolas un pliego técnico por el que se buscaba algún tipo de sistema y algoritmo (con la idea de tenerlo listo el 1 de diciembre de este 2015) que fuese capaz de detectar y caracterizar "patrones comportamentales anómalos o atípicos" con el fin de construir una super-base de datos que se nutra de diferentes fuentes (por ejemplo, de datos o informaciones en las redes sociales) y que sea capaz de identificar a los pasajeros "sospechosos".

De hecho ya había anteriormente planes para hacer e implementar un sistema en España, pero han quedado en suspenso por cambios legislativos en la UE y los planes han cambiado. Pese a que se admitieron para el citado pliego dos propuestas (la de Indra y la de Accenture), al final el Ministerio del Interior ha anulado la licitación. ¿El motivo? Como se apunta más arriba, los cambios legislativos que está introduciendo la Unión Europea en lo que a facilitar las listas de pasajeros respetando la legislación en protección de datos se refiere. Sin embargo, se trata de una "retirada temporal": y  en la resolución para la retirada se explica que pronto habrá una nueva licitación similar cuyo pliego incorpore los cambios de acuerdo a la normativa de la UE.