Convención contra el soborno

Estos días es noticia de portada en los medios de comunicación nacionales que la Guardia Civil ha efectuado registros en la sede de un partido político y varios ayuntamientos regidos por ese partido
La noticia en sí es positiva (ojalá se encuentren las pruebas que confirmen los indicios que han originado el registro o las que los descarten definitivamente, por la salud ética de todo el sistema) pese a algún detalle que parece indicar una cierta manipulación política del hecho, a saber:
- A las 8:00 horas del día del registro, algunos medios,  de los muchos que ya estaban apostados en la puerta del partido en cuestión cuando acudió la comitiva oficial, ya publicaban que "a las 9,45 iniciará la GC  un registro en..." Curioso. ¿Cómo tenían tal precisión sus ignoradas fuentes? La mediatización de la noticia debe ser casual.
- También debe ser casual que una noticia como esa, que afecta negativamente a un partido en la precampaña (hay más de uno y más de dos casos, basta consultar  la hemeroteca), nunca tiene como protagonista el partido que sustenta el gobierno.
- Para mayor detalle, la "luz y taquígrafos" de los medios incluía todas y cada una de las corporaciones registradas, en alguna de las cuales, según ha trascendido, el "registro" se sustanció en la petición de un expediente de obras, debidamente facilitado a las autoridades, naturalmente.

Estas y otras minucias no deben conducir a pensar que el registro de la sede de un partido político  sea mala; al contrario, tal y como está el patio, si realmente se produjeran estas acciones (sin publicidad previa y sin aprovechamiento partidista) seriamente, otro gallo cantaría.

Pero es que, desafortunadamente; todo indica que hechos así, demostrativos de una decidida lucha contra la corrupción, no pasan de ser "tratamientos de estética" de cara a la galería, porque, lo que son las cosas, estos días ha publicado la organización  Transparencia Internacional su informe anual sobre la evolución del grado de cumplimiento por sus firmantes de la Convención de la OCDE para combatir el soborno, con unos resultados que son para echarse a llorar. (puede descargarse y consultar el informe en castellano a través de la pagina web de Transparencia Internacional España)   En resumen, de los 41 países que son parte en la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno, 22 han incumplido su obligación de combatir el soborno transnacional y.no han investigado ni juzgado ningún caso de soborno en el extranjero que les afecte en los últimos cuatro años.

Sin embargo, Transparencia Internacional, percibe señales alentadoras y carga las tintas en que cuatro países han mejorado sus medidas de aplicación y solamente un país mostró retrocesos.

En efecto, transcurridos 16 años desde que entró en vigor la Convención, el Informe de Avance de 2015 del que nos hacemos eco muestra que solamente 4 de los 41 países signatarios investigan y juzgan activamente a empresas que sobornan a funcionarios extranjeros para conseguir la adjudicación de contratos o incrementar artificialmente su valor, o para obtener licencias y concesiones. Seis países más han quedado clasificados en la categoría de aplicación moderada, mientras que en otros nueve se determinó que la implementación era limitada. Los demás 20 países están haciendo esfuerzos mínimos o nulos para asegurar que sus empresas no propaguen la corrupción en todo el mundo, y en dos países no se pudieron obtener mediciones.

“Al suscribir la Convención, los gobiernos se comprometen a investigar y juzgar la corrupción transnacional, pero a pesar de ello casi la mitad de los gobiernos signatarios no lo están haciendo”, indicó el Presidente de Transparencia International, José Ugaz. “La OCDE debe asegurar que haya consecuencias concretas ante un desempeño tan exiguo. La violación de las obligaciones de derecho internacional de combatir la corrupción transnacional no puede ser tolerada”.

Tal como indica el informe, los 20 países con nivel de aplicación mínimo o nulo representan el 20,4 por ciento de las exportaciones mundiales. Estos países no están investigando ni juzgando casos de soborno transnacional debido a falta de voluntad política y a que no se asignan recursos suficientes a medidas de cumplimiento e investigaciones.

Las sanciones insuficientes previstas por la legislación o aplicadas en la práctica para disuadir el soborno transnacional también debilitan las acciones de cumplimiento en 21 países (como ejemplo, en Rusia, las reformas al código penal efectuadas en 2015 rebajaron las penas previstas para el ofrecimiento o la aceptación de sobornos, incluidos los casos en que están involucrados funcionarios extranjeros).

Dejamos, como siempre, que cada uno/a extraiga sus propias conclusiones de la lectura del documento,

 ¡Ah! lo olvidaba: España se encuadra en el grupo de los países que no han hecho NADA.