domingo, 6 de enero de 2013

Verdades que se disfrazan

A mediados del mes de diciembre pasado tuvo lugar la comparecencia ante la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios del Congreso de los Diputados del Sr. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, precisamente para hablar de transparencia en productos y procesos del Mercado Hipotecario en un momento como el actual.
Dejando de lado el escasísimo eco que ha merecido la noticia, lo realmente llamativo es el análisis de los argumentos esgrimidos por el Sr. González en la defensa de que nada cambie en aras, básicamente, de la transparencia, cierta, que domina este tipo de operaciones.

Para empezar, el Sr González cita en su comparecencia como clave del escenario actual que "hay una primera situación de marcado carácter social que viene determinada por las consecuencias brutales de una crisis económica sin parangón que ha destrozado millones de empleos y varios cientos de miles de pequeños y medianos negocios, lo que ha provocado un gran deterioro en las capacidades de pago de las familias, trasladándose una parte importante de esta cuestión a la situación de cobro del préstamo hipotecario y, más aun, al debate sobre el efecto más lamentable del deterioro económico: el abandono del hogar por impago del mismo". Sin discutir, por supuesto, el impacto de la crisis, olvida el Sr. González los datos oficiales que demuestran que la gran bolsa de impago corresponde a promotores y no a comprador finalista, y no consta que se haya desahuciado de su chalet a ninguno de estos promotores.

Más adelante afirma el Sr. González que "desde distintas instancias de nuestra sociedad se ha venido tildando al Mercado Hipotecario como un mercado apoyado en la ilegalidad, prácticas abusivas, contratos poco transparentes, procedimientos de ejecución injustos, etc., etc., todas ellas cuestiones muy gruesas que han vertido sobre nuestro mercado hipotecario un halo de “ilegitimidad” sin duda incierto y muy injusto, además de atentar contra la tradicional solvencia patrimonial de nuestras carteras de crédito que han permitido la emisión solvente de títulos hipotecarios, tanto en cédulas hipotecarias como titulizaciones, necesaria para la financiación del crédito durante estos últimos diez años". y en estas afirmaciones se juega con las palabras porque la Ley hipotecaria, evidentemente, es legal. Otra cosa es que sea justa.No habla,además, del caballo de batalla de la necesidad de la reforma de la Ley como es la validez de las tasaciones en las que se ampara el crédito. Y enfatiza en el deterioro de las titulizaciones y cédulas en el que, dicho sea de paso, el cliente no tiene absolutament4e nada que ver: se bastan y sobran las entidades con su mala praxis para desprestigiar ese mercado secundario.

Sigue el Sr. González haciendo un repaso exhaustivo del cumplimiento histórico de la transparencia de la Ley para afirmar, con ese único argumento, que la Ley Hipotecaria no necesita reforma.

Yo no sé si el Sr. González ha solicitado alguna vez un préstamo con garantía hipotecaria, pero, si lo ha hecho y el trato de la entidad fnanciera se ha guiado por el mismo patrón (sin duda, por supuesto) que con el resto de clientela, habrá observado que en un aspecto fundamental para la concesión como es la tasación del inmueble, el cliente no interviene, ni tampoco interviene con la fluctuación que pueda tener este valor de tasación con el discurrir del tiempo, luego, si hay deterioro no imputable al cliente, parece excesivo hacer recaer SOLO EN EL CLIENTE el impacto negativo del valor actual del inmueble.Fíjese que aunque solo sea por ese pequeño detalle, la Ley debería cambiarse. Hay más, naturalmente, pero no vale la pena insistir por hoy.

Las Leyes están para adecuarse, y si la Ley Hipotecaria ya no responde a la realidad social, con más motivo de acometer con urgencia su revisión. Otra que tal, que en otro momento tocará hablar de ella, es la Ley cambiaria y del cheque en cuanto a la preeminencia de la obligaciòn cambiara frente a la obligación comercial. Son leyes que, posiblemente en su momento fueran eficaces, pero que se revelan que juegan descaradamente a favor de una parte, lo que abona que sean legales, claro, pero injustas.

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