Algunos efectos del caso Chipre para España

No es patrioterismo a estas alturas proclamar que la bondad de nuestro clima, la belleza del entorno (aún), la calidez de las gentes, etc., hace tiempo que se han erigido en poderoso imán para atraer a nuestras costas residentes e inversores de diferentes nacionalidades, ni constatar que, tras la caída del muro de Berlín y la adopción por Rusia de un sistema de economía muy parecido al occidental, los ciudadanos rusos se han hecho habituales de nuestras ciudades y pueblos, particularmente los situados en la franja de costa comprendida entre Girona y Cádiz, con especial presencia en la Costa Brava, Costa Dorada y Costa Blanca.

Pues bien, a raíz del cataclismo representado por el caso de Chipre, y de la sospecha de que los capitales rusos depositados en la isla hacía tiempo que habían empezado a huir de ella hacía tiempo, se ha sabido que algunos de ellos buscaron refugio en nuestro país.

Efectivamente, según datos manejados por la Udyco (Unidad de delincuencia y crimen organizado) de la Policía Nacional, en los últimos dos años se han detectado fuertes inversiones inmobiliarias en el segmento de la Costa Blanca situado entre Calp y Benidorm (zona de especial atractivo para los compradores rusos).
Se asegura que la facturación por la venta de inmuebles a ciudadanos rusos en los últimos tres años sobrepasa los 1.300 millones de euros (corresponden a la compra de más de 6-000 inmuebles a un precio medio de unos 200.000 euros), en operaciones perfectamente legales.

Lo relevante es el contenido

Lo llamativo, sin embargo, no es ese dato en sí, sino la conexión de estos hechos con el lío de Chipre: la vinculación de la costa mediterránea en general con el dinero "oscuro" no es nueva y, en información actualizada, el Banco de España ha alertado a la Fiscalía Anticorrupción de la posibilidad de que inversores rusos estén aprovechando España para tratar de blanquear fondos provinentes de Chipre mediante transferencias ordenadas por ciudadanos de la Federación Rusa para pagar una propiedad inmobiliaria. Analizando en profundidad este supuesto, se concluye en que, efectivamente, en los tres últimos años se han producido compras legales de inmuebles, con un similar origen de los fondos, por valor de los citados 1.300 Millones de euros.... sólo que han llegado 5.000 millones con un perfil similar. Las entidades bancarias han rechazado transferencias por la cantidad restante, que son las operaciones que se están investigando por la Fiscalía.
Uno no gana para sobresaltos, y no es descartable que se produzcan más líos aún ni más dolores de cabeza (confiemos que no a nivel ciudadano) con el malhadado precedente creado en torno al rescate de Chipre.