¿Incultos por ley?

Uno no puede por menos de asombrarse ante la clarividencia derrochada por los que nos aseguran que gobiernan para todos y los guiños (no siempre fáciles de captar) en los que demuestran esa clarividencia en el propio redactado de la leyes – para todos, recuérdese –, reservado a la correcta interpretación que puedan hacer un reducido grupo de “iniciados” que, seguramente, hacen de correa de transmisión al resto de obediente pueblo llano.

Viene todo esto a cuento, por ejemplo, ante los avatares que está teniendo desde el propio momento de su promulgación esa cosa llamada LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) cuyo nombre responde, sin duda, a la intención de que fuera un oxímoron^[1] encubierto en cuanto a lo de introducir la palabra mejora en el nombre de la ley, en clara oposición al contenido de la misma.

De entrada, nos encontramos ante una ley orgánica^[2] para un tema tan delicado, sensible, y de tanta trascendencia para el futuro común como es la educación, que en su tramitación cumplió (eso sí, por supuesto) la letra de la Constitución pero no su espíritu, toda vez que, sin entrar en más detalles, ya cuando se publicó el borrador, se advirtió de manera jactanciosa que no se tendrían en cuenta las posibles enmiendas de otros grupos parlamentarios y la ley sería aprobada tal cual por la mayoría parlamentaria absoluta de un solo partido (que, dicho sea de paso, no equivale a mayoría social, que no la tiene). ¿Es mejora el prescindir en ese tema del imprescindible consenso de la sociedad; es más, es mejora el continuar la tramitación de la ley contra viento y marea, con la oposición, no sólo de las demás formaciones a las que se escamotea legalmente su necesario aporte y debate de enfoque, sino  de toda la comunidad educativa (que algo del tema se supone que sabe)?

No se puede entender como mejora el olvidar en el redactado de la ley que la Constitución dice que estamos en un estado aconfesional (circunstancia que se ha de valorar y respetar por el legislador en el diseño de los contenidos de los ciclos educativos) y en cambio se favorece, incluso en el desarrollo de los contenidos, a una religión, sea o no la mayoritaria en la población.  También cuesta admitir como mejora el evidente desprecio y sometimiento que se hace con las lenguas minoritarias, esas que dice la Constitución que han de ser objeto de respeto y protección. Más allá del pernicioso redactado de la ley, esta tendencia a uniformizar indica un déficit democrático preocupante de quien, para demostrar que detenta el poder, actúa sin tener en cuenta (¿sin saber?) que en un país deben poder convivir diferentes ideas, lenguas, religiones, opciones políticas,… y que la grandeza del país se consolida en respetarlas, protegerlas e integrarlas como diferencias en el acervo común.

Mención aparte, relacionada con la mejora de la calidad FINAL educativa es esa demostración de los responsables de la educación de que tienen nociones de rudimentos de la aritmética, y legislan convencidos de que 4 + 1 = 3 + 2, lo que sólo es verdad en la teoría matemática pero nunca si se refiere, como lo hace la ley, a la estructura de los ciclos formativos ya que no es igual el tener que asumir 1 o 2 posgrados, por su coste, validez académica, aplicabilidad, etc.

Hay más perlas, claro, como el arrinconar la filosofía o la música, pero esto no es un análisis de la Lomce, y ahí quedan, sin citarlas; únicamente recordaremos la última en el tiempo (es lo que tiene esta norma, que como su puesta en vigor es por fases, los dislates van apareciendo “en cómodos plazos”), relativa a la reducción de las horas lectivas dedicadas al conocimiento de la lengua y literatura (ya no solo de las lenguas minoritarias) dejando de ser además, materias evaluables en las pruebas de acceso a la Universidad pese a los manifiestos en contra del mundo de la cultura; la literatura, las forma de expresión, la construcción de frases, la sintaxis, la retórica, la semántica, el relato, la poesía, no  pueden ser una “maría” en el diseño de los ciclos educativos y, citando al escitor y profesor italiano Claudio Magris, la escritura es testimonio, fuga, memoria, herida y salvación de un pueblo. Ignorarla es abandonarnos en mitad de la nada, no indicarnos dónde está el paraíso.

La única razón que se ocurre para imaginar tal barbaridad es que el legislador, para esconder la posibilidad de que alguien vea la ley como decíamos, como un oxímoron, juegue a amagar las materias  que se refieren, entre otras cosas, a la construcción de las frases y así evite, de paso, que queden de manifiesto en el redactado la existencia de retruécanos, anáforas, calambures, latinajos….. o erratas, cosas éstas que ya no se estudian con la proclamada mejora.

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[1] Del DRAE: Oxímoron (del gr. ὀξύμωρον).

1. m. Ret. Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido; p. ej., un silencio atronador.

[2] Una ley orgánica es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Generalmente se exige para su aprobación algo más que una mayoría simple, es decir, una mayoría absoluta o algún tipo de mayoría cualificada (un sistema de votación mediante el que se requieren más votos o más requisitos para aprobar una decisión) con lo que se pretende que no sea una mayoría parlamentaria coyuntural la que configure aspectos básicos y fundamentales de la convivencia ciudadana o de la estructura y organización de los poderes políticos de un Estado.