Uno no puede por menos de asombrarse ante la clarividencia
derrochada por los que nos aseguran que gobiernan para todos y los guiños (no
siempre fáciles de captar) en los que demuestran esa clarividencia en el propio
redactado de la leyes – para todos, recuérdese –, reservado a la correcta
interpretación que puedan hacer un reducido grupo de “iniciados” que,
seguramente, hacen de correa de transmisión al resto de obediente pueblo llano.
Viene todo esto a cuento, por ejemplo, ante los avatares que
está teniendo desde el propio momento de su promulgación esa cosa llamada LOMCE
(Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) cuyo nombre responde, sin
duda, a la intención de que fuera un oxímoron[1]
encubierto en cuanto a lo de introducir la palabra mejora en el nombre de la ley, en clara oposición al contenido de la
misma.
De entrada, nos encontramos ante una ley orgánica[2] para un
tema tan delicado, sensible, y de tanta trascendencia para el futuro común como
es la educación, que en su tramitación cumplió (eso sí, por supuesto) la letra de la Constitución pero no su espíritu, toda vez que, sin entrar en
más detalles, ya cuando se publicó el borrador, se advirtió de manera
jactanciosa que no se tendrían en cuenta las posibles enmiendas de otros grupos
parlamentarios y la ley sería aprobada tal cual por la mayoría parlamentaria absoluta
de un solo partido (que, dicho sea de
paso, no equivale a mayoría social,
que no la tiene). ¿Es mejora el
prescindir en ese tema del imprescindible consenso de la sociedad; es más, es
mejora el continuar la tramitación de la ley contra viento y marea, con la oposición, no sólo de las demás formaciones a las que se escamotea legalmente su necesario aporte y debate de enfoque, sino de toda la comunidad
educativa (que algo del tema se supone que sabe)?
No se puede entender como mejora
el olvidar en el redactado de la ley que la Constitución dice que estamos en un
estado aconfesional (circunstancia que se ha de valorar y respetar por el legislador
en el diseño de los contenidos de los ciclos educativos) y en cambio se favorece, incluso en el
desarrollo de los contenidos, a una religión, sea o no la mayoritaria en la
población. También cuesta admitir como mejora el evidente desprecio y
sometimiento que se hace con las lenguas minoritarias, esas que dice la
Constitución que han de ser objeto de respeto y protección. Más allá del
pernicioso redactado de la ley, esta tendencia a uniformizar indica un déficit democrático
preocupante de quien, para demostrar que detenta el poder, actúa sin tener en
cuenta (¿sin saber?) que en un país deben poder convivir diferentes ideas,
lenguas, religiones, opciones políticas,… y que la grandeza del país se
consolida en respetarlas, protegerlas e integrarlas como diferencias en el
acervo común.
Mención aparte, relacionada con la mejora de la calidad FINAL educativa es esa demostración de los
responsables de la educación de que tienen nociones de rudimentos de la
aritmética, y legislan convencidos de que 4 + 1 = 3 + 2, lo que sólo es verdad en
la teoría matemática pero nunca si se refiere, como lo hace la ley, a la
estructura de los ciclos formativos ya que no es igual el tener que asumir 1 o
2 posgrados, por su coste, validez académica, aplicabilidad, etc.
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Hay más perlas, claro, como el arrinconar la filosofía o la música, pero esto no es un análisis de la
Lomce, y ahí quedan, sin citarlas; únicamente recordaremos la última en el
tiempo (es lo que tiene esta norma, que como su puesta en vigor es por fases,
los dislates van apareciendo “en cómodos plazos”), relativa a la reducción de
las horas lectivas dedicadas al conocimiento de la lengua y literatura (ya no
solo de las lenguas minoritarias) dejando de ser además, materias evaluables en
las pruebas de acceso a la Universidad pese a los manifiestos en contra del
mundo de la cultura; la literatura, las forma de expresión, la construcción de frases, la sintaxis, la retórica, la semántica, el relato, la poesía, no pueden
ser una “maría” en el diseño de los ciclos educativos y, citando al escitor y profesor italiano Claudio
Magris, la escritura es testimonio, fuga,
memoria, herida y salvación de un pueblo. Ignorarla es abandonarnos en mitad de
la nada, no indicarnos dónde está el paraíso.
La única razón que se ocurre para imaginar tal barbaridad es
que el legislador, para esconder la posibilidad de que alguien vea la ley como
decíamos, como un oxímoron, juegue a amagar las materias
que se refieren, entre otras cosas, a la construcción de las frases y
así evite, de paso, que queden de manifiesto en el redactado la existencia de retruécanos,
anáforas, calambures, latinajos….. o erratas, cosas éstas que ya no se estudian con
la proclamada mejora.
[1] Del
DRAE: Oxímoron (del gr. ὀξύμωρον).
1. m. Ret. Combinación
en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado
opuesto, que originan un nuevo sentido; p. ej., un silencio atronador.
[2] Una ley
orgánica es aquella que se requiere constitucionalmente para regular
ciertas materias. Generalmente se exige para su aprobación algo más que una
mayoría simple, es decir, una mayoría absoluta o algún tipo de mayoría
cualificada (un sistema de votación mediante el que se requieren más votos o más
requisitos para aprobar una decisión) con lo que se pretende
que no sea una mayoría parlamentaria coyuntural la que configure aspectos
básicos y fundamentales de la convivencia ciudadana o de la estructura y
organización de los poderes políticos de un Estado.
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