No es objetivo de este blog pronunciarse, criticar, ni siquiera comentar la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo en el primero de los casos que afectaban al Sr. Garzón (si bien no corr4sdpodne al orden cronológico de las demandas). Tampoco opinar sobre la oportunidad de que interviniera el Poder Judicial en ese caso y no en otros similares, y mucho menos sobre la personalidad e historial del propio acusado.
La reflexión viene sobre la ejemplaridad o no, desde el punto de vista estricto de la formación de los juristas, de la sentencia, habida cuenta que esos estudiantes deberán acudir en el futuro a sentencias anteriores para buscar jurisprudencia que les ilustre en la interpretación que hagan de las leyes. Es esa la labor de un juez: interpretar el porqué de que un acusado haya robado una gallina, no el hecho de haberla robado y, aunando su propia interpretación con el análisis de casos anteriores, llegar a una sentencia ajustada, no sólo a la ley, sino también a la justicia.
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En el caso de la sentencia del llamado caso Gürtel contra el Magistrado Baltasar Garzón, la vocal del Poder Judicial Margarita Robles, afirmó con rotundidad ante la aparición de las primeras opiniones adversas a la sentencia, que la misma es “jurídicamente impecable”. Nada que decir; parece evidente que una decisión tomada de manera unánime por todos los miembros del Tribunal Supremo ofrece poco resquicio de que no se ajuste a la Ley como un guante (El hecho de que ya se hayan publicado análisis jurídicos serios y documentados de la misma argumentando lo contrario, no afecta al respeto que merece). por lo tanto, basemos en esa premisa nuestra reflexión: la sentencia se ajusta a la ley.
Si embargo, la vocal del Poder Judicial añadió a renglón seguido que aunque le “entristece” la situación de Garzón, “la ley es igual para todos”. Coincido en el mensaje con la Sra. Robles, como no puede ser de otra forma; sin embargo, a la calle se le abre un abanico de dudas ante esta contundencia del Poder Judicial y se le ocurre sólo comparar la situación con otros casos de los que cabe pensar que, evidentemente, también se ajustan a la Ley. Citemos sólo dos:
1.- El juez Francisco Javier de Urquía, condenado en firme por cobrar un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca fue inhabilitado durante 21 meses y rehabilitado en sus funciones por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Si no se ha reincorporado es por tener aún otra causa pendiente.
2. En el caso de abuso sexual y asesinato de la niña Mari Luz Cortés, el grave error judicial consistió en que se permitió que Santiago del Valle se encontrara en libertad cuando sucedieron los hechos (2008), pese a que había sido condenado a prisión en 2005 por abusos sexuales contra su propia hija, en una sentencia que llevaba dos años y medio sin ejecutarse. El juez del caso fue multado con 1.502 euros por «falta grave».
Pongámonos en la piel de quien estudia Derecho con la loable intención de incorporarse a la judicatura. No parece que el análisis de estos casos comparados con la sentencia del Gürtel trasladen la necesaria firmeza de criterio a la hora de interpretar y juzgar. De manera simplista, cabe deducir que si las tres sentencias emanadas de una misma instancia judicial se ajustan a ley, o deberá pensarse seriamente en cambiar la Ley, o se mejoran y unifican los criterios para su interpretación o se cambian las personas que los han de interpretar ya que, de otra forma, admitir la afirmación de que "la justicia es igual para todos" se antoja realmente difícil
