A esa misma pregunta. hace tiempo que la comunidad internacional da respuesta parcial en el sentido de que ordena a las entidades financieras una vigilancia extrema (diligencia debida reforzada, en el argot) a un segmento de clientela especialmente vulnerable a verse involucradas en operaciones no demasiado limpias y que denomina personas políticamente expuestas (PEP, por su acrónimo en inglés de politically exposed persons) o, en la legislación española, personas con responsabilidad pública. Haciendo un inciso, sobre todo a la vista de la profusión de casos de corrupción política que se conocen, no deja de ser curioso que, en el trámite de la adaptación de la Tercera Directiva Europea contra el blanqueo de capitales a lo que finalmente fue la Ley 10/2010, los redactores de esta última consiguieron que la citada Ley sólo contemplara como PEP's a los extranjeros y no a los españoles, con la excusa de que sería muy complejo hacerles un seguimiento, tal como ordena la Ley.
En ese contexto parece oportuno recordar una publicación del año 2012, editada conjuntamente por el Banco Mundial y StAR (siglas en inglés del Programa de Recuperación de Activos Robados, dependiente de la ONU) con el esclarecedor título de “Personas Expuestas Políticamente: Medidas preventivas para el sector bancario”, con la autoría de reputados especialistas en la materia y que se puede consultar, en su edición en castellano clicando aquí.
 |
Con el fin de que cada uno, después de leerlo, extraiga sus propias conclusiones, entre ellas la de si sigue o no vigente, nos limitaremos a centrar la atención solo en el propio Resumen Ejecutivo del informe.
En los últimos 25 años, se conocen abusos de
corrupción por parte de las denominadas personas políticamente expuestas (PEP),
quienes actúan en casos escandalosos de corrupción, saquean los bienes del
Estado, extorsionan y aceptan sobornos. Asimismo, en el ámbito nacional e
internacional, utilizan los sistemas financieros para legitimar los montos
sustraídos (blanqueo de capitales). El concepto normativo de PEP incluye a personas que
desempeñan o han desempeñado funciones públicas, pero también a los miembros de
sus familias y allegados. No se sabe con exactitud la cantidad de activos públicos robados o
extorsionados por funcionarios prominentes, que son casos conocidos de
gran corrupción, donde se utiliza a las instituciones del sistema financiero,
en particular a los bancos, para legitimar los fondos robados.
Los intentos para estimar las cantidades de
dinero que están siendo blanqueadas se ven obstaculizados por el
hecho de tratarse de un crimen en su mayoría oculto, sin embargo, los cálculos
aproximados disponibles sobre delitos de corrupción y los sobornos, en general,
ayudan a dar una idea de la magnitud de estos delitos y se sabe que, en 2004, el Banco Mundial estimó en más de un
billón de dólares el monto pagado en sobornos cada año. A principios de 2013,
el presidente de este organismo internacional, Jim Yong Kim, aseguró que la
corrupción representa un gran costo para las empresas. Según su apreciación,
anualmente los corruptos roban en los países en desarrollo entre 20.000 y 40.000 millones de dólares USA.
La gran corrupción tiene un efecto devastador en
el desarrollo: degrada y socava a las instituciones públicas. y los PEP's corruptos desestabilizan los sistemas financieros, afectando la confianza en
sus instituciones, dañan la estabilidad y las perspectivas de inversión
macroeconómica del país víctima obstaculizando los
esfuerzos de crecimiento y de reducción de la pobreza y aumenta las
desigualdades. Es necesario que todas las jurisdicciones demuestren, al más
alto nivel, la voluntad política, para enfrentar la corrupción y negar el
acceso de las PEP's corruptas al sistema financiero.
Las formas en que las PEP's corruptas lavan las
ganancias mal habidas se repiten y evolucionan. Al principio, los jefes o los
funcionarios públicos prominentes y corruptos ocultan sus nombres en
jurisdicciones extranjeras o utilizan familiares para abrir cuentas bancarias.
Las técnicas siguen incluyendo el abuso de las instituciones financieras,
también la compra en el extranjero de metales preciosos, joyas, además del
movimiento físico transfronterizo (contrabando) de dinero e instrumentos
negociables.
El documento hace hincapié en que la aceptación y la gestión de los fondos de las
PEP's corruptas pueden dañar a los bancos severamente, incluyendo su reputación
y pueden socavar la confianza del público, ya que estos casos reciben amplia
atención de los medios y una fuerte reacción política.
¿Ha habido progresos reales?
Las investigaciones realizadas indican un fracaso
general de la aplicación efectiva de las normas internacionales sobre
prevención y control de las PEP's. De los 124 países evaluados por el GAFI (Grupo de
Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales) con ese propósito, el 61 por ciento estaba en condiciones de incumplimiento total de la norma y, parcialmente,
el 23 ciento.
Tres acciones claves
1. Voluntad política, una fuerte y
sostenida movilización. Se requiere voluntad política para cambiar las
leyes y los reglamentos y crear un impulso para que las autoridades del
gobierno cumplan, como prioridad real, una adecuada garantía de la asignación
de los recursos, para apoyar una aplicación más agresiva por parte de las
instancias públicas y de los reguladores. La voluntad política es también
importante por el lado de la aplicación: algunos bancos no están motivados para
cumplir un compromiso significativo, dirigido a mejorar los procedimientos de
debida diligencia de los clientes, con el fin de detectar los productos de la
corrupción.
2. Clarificación y armonización de los
requisitos internacionales en materia de las PEP's. Las variaciones
entre los enfoques sirven como una buena excusa para no actuar, además
existen algunos impedimentos para el desarrollo y aplicación de controles
eficaces sobre las PEP's. La armonización entre las jurisdicciones y los bancos
allanaría el camino para efectuar orientaciones útiles en el plano internacional o
nacional, con el fin de elaborar una lista de parámetros de control más consistentes.
3. Saldo de la situación de las
tipologías emergentes, atención a la identificación de los beneficiarios o
propietarios sociales PEP's. Los esfuerzos para la identificación de
una PEP son complicados por el aumento de asociados cercanos, como las personas
jurídicas y otros métodos empleados para ocultar el beneficiario real o de
control por parte de altos funcionarios públicos.
En este contexto, el documento sobre las Personas
Expuestas Políticamente exige que entre las jurisdicciones y los bancos se
cumplan una serie de recomendaciones y buenas prácticas, diseñadas para ayudar
a aumentar la calidad y la eficacia de las medidas adoptadas por las
autoridades reguladoras. Además, proporciona recomendaciones para los
organismos los reguladores.
Pero como siempre, del dicho al hecho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario