¿Ya son buenas las agencias de calificación?

Es noticia de portada estos días en los medios, con gran alarde tipográfico, la revisión al alza que la agencia de calificación Moody's ha efectuado de la deuda española. Buena noticia sin duda. No afecta a la resolución de los problemas cotidianos, pero contribuye a crear un clima de mayor confianza en nuestras posibilidades de salir de esta maldita crisis. Hay que puntualizar, para situar el hecho en su contexto, que tampoco es para tirar cohetes ya que la nueva calificación alcanzada está sólo dos peldaños por encima del llamado "bono basura", es decir, del que se entiende que no se puede confiar para invertir (es llamativo, por cierto, el empeño del gobierno por no asociar, ni de lejos, y en particular para el sufrido mercado interior, nuestra economía con la denominación "basura" aunque técnicamente había poca diferencia).
Pese a ese matiz, el alborozo con que han acogido el ministerio de economía y el propio gobierno la noticia, rayano en la euforia en medios afines, ha sido indisimulado y lleno de alabanzas hacia Moody's, que ha pasado de ser un ente poco menos que diabólico y que engañaba a los mercados, a adalid de la bonanza económica (?) de España y ejemplo a seguir por todos los analistas y/o inversores.

Este es el quid de la cuestión de lo que se revela como un trastorno de la personalidad de nuestros poderes públicos. Desde este mismo blog hemos cuestionado repetidamente el sesgo político de las decisiones de las agencias de calificación (todas: Moody's, Standard & Poor's, Fitch,...), la variabilidad oportunista de alguno de los criterios que han divulgado que utilizan y, en suma, el oscurantismo de sus dictámenes que, se quiera o no, se siguen tomando como referencia en ese mundo oculto de "los mercados" pese a algunas sonadas equivocaciones en sus análisis.
En el inicio de la crisis, con el desplome de nuestra economía, sustentada únicamente en el ladrillo, todas las agencias se apresuraron a poner a España en el punto de mira, revisando día sí, día también, el impacto de los sucesivos hechos financieros y económicos internos y externos en nuestro sistema con gran disgusto de nuestras autoridades económicas que no se cansaron de poner de chupa de dómine a las agencias y de divulgar soterradamente poco menos que eran parte de un contubernio (¿os suena?) contra nuestro país.

Con la medida publicada estos días, el camino es el inverso, lo que humanamente es comprensible, pero lo grave es creer que porque una agencia mejore su opinión sobre nosotros ya está todo hecho. De hecho, los deberes siguen pendientes, y me explico: con calificación favorable o no, lo que es indispensable es trabajar en una política que contribuya a que los ciudadanos salgan de la crisis y no enfocada sólo a que "los mercados" cobren los intereses de una deuda que cabría, además, definir. No es que deba olvidarse esto, sino que deben gestionarse adecuadamente las prioridades.

Y es eso lo que parece que hace cojear nuestro sistema. Si se le pregunta a alguien con ciertos conocimientos de gestión empresarial acerca de cómo establecer prioridades, no hay duda de que lo primero que hará será diseñar el futuro de la empresa a X años y, en función de ese objetivo, crear la estrategia (con frecuente revisión de desviaciones, evidentemente) de acción a largo plazo, de la que "colgará" la política del corto plazo, pero confiarlo todo a acciones de corto plazo es un suicidio, lo que desemboca en la perniciosa "economía de supervivencia".
Si se le pregunta al ministro de economía por cómo imagina el futuro económico a X años, sobre todo si esos años exceden el horizonte electoral, dudo que tenga una respuesta pensada, a juzgar por los vaivenes e inacción de estos años. Es curioso y sangrante en este punto la evidencia de que se trabaja no por el ciudadano, sino por el voto; un ejemplo: podría entenderse que la mejora de los tipos impositivos está alineada con el diseño a largo plazo del escenario económico, pero sin embargo el Ejecutivo ha anunciado su rebaja coincidiendo con la próxima campaña electoral, y si se le pregunta si tendrá continuidad la medida pasadas las elecciones, la respuesta es silbar quedo mirando distraído al techo de la sala de comparecencias, lo que necesariamente se traduce porque es una medida para no perder votos que, cuando pase el tiempo de las elecciones tiene todos los números de que vuelva a derogarse.
Sin entrar a fondo en el problema, esta actuación denota flagrante incompetencia en trabajar para el futuro del ciudadano y voluntad declarada de manipular con engaños al votante. Que sea más de una o de otra, el tiempo lo dirá, o quizá si hay motivaciones desconocidas en este momento para ello. Lo triste es que esta opinión tambien está expresada por la Comisión Europea, que en repetidas ocasiones ha hecho publica su preocupación por que el Gobierno Español no parezca tener un proyecto de futuro y, aparentemente, vaya al vaivén de las indicaciones de instancias internacionales u otras motivaciones menos explícitas

Pero tomemos la influencia de las calificaciones de las agencias en el lugar que le corresponde y la de las decisiones económicas desligadas de ellas y (¡ojalá!) pensando a partit de ahora en un futuro deseado.