Convención contra el soborno

Estos días es noticia de portada en los medios de comunicación nacionales que la Guardia Civil ha efectuado registros en la sede de un partido político y varios ayuntamientos regidos por ese partido
La noticia en sí es positiva (ojalá se encuentren las pruebas que confirmen los indicios que han originado el registro o las que los descarten definitivamente, por la salud ética de todo el sistema) pese a algún detalle que parece indicar una cierta manipulación política del hecho, a saber:
- A las 8:00 horas del día del registro, algunos medios,  de los muchos que ya estaban apostados en la puerta del partido en cuestión cuando acudió la comitiva oficial, ya publicaban que "a las 9,45 iniciará la GC  un registro en..." Curioso. ¿Cómo tenían tal precisión sus ignoradas fuentes? La mediatización de la noticia debe ser casual.
- También debe ser casual que una noticia como esa, que afecta negativamente a un partido en la precampaña (hay más de uno y más de dos casos, basta consultar  la hemeroteca), nunca tiene como protagonista el partido que sustenta el gobierno.
- Para mayor detalle, la "luz y taquígrafos" de los medios incluía todas y cada una de las corporaciones registradas, en alguna de las cuales, según ha trascendido, el "registro" se sustanció en la petición de un expediente de obras, debidamente facilitado a las autoridades, naturalmente.

Estas y otras minucias no deben conducir a pensar que el registro de la sede de un partido político  sea mala; al contrario, tal y como está el patio, si realmente se produjeran estas acciones (sin publicidad previa y sin aprovechamiento partidista) seriamente, otro gallo cantaría.

Pero es que, desafortunadamente; todo indica que hechos así, demostrativos de una decidida lucha contra la corrupción, no pasan de ser "tratamientos de estética" de cara a la galería, porque, lo que son las cosas, estos días ha publicado la organización  Transparencia Internacional su informe anual sobre la evolución del grado de cumplimiento por sus firmantes de la Convención de la OCDE para combatir el soborno, con unos resultados que son para echarse a llorar. (puede descargarse y consultar el informe en castellano a través de la pagina web de Transparencia Internacional España)   En resumen, de los 41 países que son parte en la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno, 22 han incumplido su obligación de combatir el soborno transnacional y.no han investigado ni juzgado ningún caso de soborno en el extranjero que les afecte en los últimos cuatro años.

Sin embargo, Transparencia Internacional, percibe señales alentadoras y carga las tintas en que cuatro países han mejorado sus medidas de aplicación y solamente un país mostró retrocesos.

En efecto, transcurridos 16 años desde que entró en vigor la Convención, el Informe de Avance de 2015 del que nos hacemos eco muestra que solamente 4 de los 41 países signatarios investigan y juzgan activamente a empresas que sobornan a funcionarios extranjeros para conseguir la adjudicación de contratos o incrementar artificialmente su valor, o para obtener licencias y concesiones. Seis países más han quedado clasificados en la categoría de aplicación moderada, mientras que en otros nueve se determinó que la implementación era limitada. Los demás 20 países están haciendo esfuerzos mínimos o nulos para asegurar que sus empresas no propaguen la corrupción en todo el mundo, y en dos países no se pudieron obtener mediciones.

“Al suscribir la Convención, los gobiernos se comprometen a investigar y juzgar la corrupción transnacional, pero a pesar de ello casi la mitad de los gobiernos signatarios no lo están haciendo”, indicó el Presidente de Transparencia International, José Ugaz. “La OCDE debe asegurar que haya consecuencias concretas ante un desempeño tan exiguo. La violación de las obligaciones de derecho internacional de combatir la corrupción transnacional no puede ser tolerada”.

Tal como indica el informe, los 20 países con nivel de aplicación mínimo o nulo representan el 20,4 por ciento de las exportaciones mundiales. Estos países no están investigando ni juzgando casos de soborno transnacional debido a falta de voluntad política y a que no se asignan recursos suficientes a medidas de cumplimiento e investigaciones.

Las sanciones insuficientes previstas por la legislación o aplicadas en la práctica para disuadir el soborno transnacional también debilitan las acciones de cumplimiento en 21 países (como ejemplo, en Rusia, las reformas al código penal efectuadas en 2015 rebajaron las penas previstas para el ofrecimiento o la aceptación de sobornos, incluidos los casos en que están involucrados funcionarios extranjeros).

Dejamos, como siempre, que cada uno/a extraiga sus propias conclusiones de la lectura del documento,

 ¡Ah! lo olvidaba: España se encuadra en el grupo de los países que no han hecho NADA.

Las listas de "no admitido a vuelo"

Que la agresión a los derechos que se tenían en todo el mundo como ciudadanos (y no me refiero, claro está, a aquellos países en los que, por desgracia, sólo citar estos derechos pertenece al campo de la utopía) es moneda cada vez más usual,  no requiere discusión. Aquel discurso tendencioso y fácil de cambiar llibertad por seguridad, sin que algunos admitan que ese es un discurso extremo (aplicable, ciertamente, pero solo en determinadas ocasiones) pero no la base de todas las acciones.
Todos sabemos que el atentado en Estados Unidos a las torres gemelas de Nueva York del año 2001 supuso un antes y un después en la consideración de las libertades individuales, prueba de lo cual es la famosa Patriot Act (sobre la que no nos extenderemos), promulgada "en caliente" tras los atentados, y puesta en cuestión desde el momento del inicio de su vigencia y en todos los períodos de revisión por los que ha pasado.

La (pen)última vuelta de tuerca en este asunto la encontramos en el artículo publicado por el diario The Guardian, el pasado 10 de agosto, y que nos permitimos comentar. En síntesis es que en Estados Unidos, con visión estratégica de "precrimen", no dejarán usar las compañías aéreas para viajar si las autoridades (?) creen que puedes ser un terrorista en el futuro.

Para ello se aplicará la No Fly List, una lista que ya existe en Estados Unidos y que recopila los nombres y los datos de personas a las que, por algún motivo, las autoridades nunca dejarían subir a un avión. Casi todo lo que rodea a dicha lista es un misterio y, por ejemplo, solo por filtraciones de información se sabe que, en 2013, en ella figuraban más de 47.000 nombres. Es lógico pensar que allí se encontrarán terroristas y otros delincuentes, pero también hay alguna que otra sorpresa, como la de poder ser incluido en la lista si las autoridades creen que en el futuro, la persona podría cometer algún crimen terrorista .

El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que en la No Fly List se aplican "cálculos predictivos sobre amenazas potenciales", es decir, aplican un sistema que, valorando algunas variables que desconocemos pero que nos podemos imaginar, decide si una persona será propensa a cometer un delito de terrorismo en el futuro o no. Si lo es, tendrá que quedarse en tierra la próxima vez que quiera viajar por aire.

Para la No Fly List no sólo importa lo que se sepa que se haya hecho, sino lo que "ellos" creen que se vaya a hacer

"Por su propia naturaleza, el identificar a individuos que pueden suponer una amenaza a la aviación civil o a la seguridad nacional es un dictamen predictivo cuya función es prevenir futuros actos de terrorismo en un contexto incierto", explican algunos funcionarios del Departamento de Justicia que, además, creen que no es necesario proporcionar ninguna otra información para justificar la inclusión de un nombre, ya que esto podría significar que datos "altamente sensibles para la seguridad nacional caigan en las manos de organizaciones terroristas y otros adversarios".

Desde la organización American Civil Liberties Union (ACLU), que ha llevado a juicio al Gobierno por todo el secretismo alrededor de la No Fly List, consideran que debe hacerse una revisión de este algoritmo "pre-crimen" y comprobar, entre otras variables, su tasa de error. Además, se quejan de que están incluyendo en la lista a gente que no ha cometido crímenes en el pasado sin avisarles de que han sido añadidos (se enteran cuando van a viajar) y sin explicarles las razones, así como que no permiten un "proceso justo" de apelación que ofrezca la opción de demostrar que no suponen ningún peligro.
La ACLU lleva desde 2010 en una batalla legal contra Estados Unidos después de que 13 ciudadanos estadounidenses fueran incluidos en la lista sin motivo aparente, ya que no tenían ningún historial delictivo. Todos ellos, explican, eran musulmanes. Un juez les dio la razón y obligó al Gobierno a explicar las razones por las que dichas personas habían sido marcadas como sospechosas, pero tan sólo les ofrecieron generalidades del tipo "X ha viajado a Y país tal año". ACLU ha solicitado, sin éxito, que desclasifiquen su informe completo.
"El Gobierno también parece estar utilizando vigilancia electrónica, sin dar más información sobre la base legal de dicha vigilancia o de sus resultados", se lamentan desde ACLU, al mismo tiempo que piden transparencia y que se declare inconstitucional el cómo no se da apenas información de los motivos por los que alguien podría aparecer de un día para otro en dicha lista. "De lo contrario, la ciencia ficción distópica se convertirá en realidad", sentencian.

A la vista de todo ello, uno puede pensar que ya se sabe que los americanos son muy suyos y toman iniciativas curiosas pero que cosas así no pasan en Europa y menos en España.

¿Que no?

Pues, más allá del artículo de The Guardian, hay que recordar que hace unos meses se publicó por las autoridades españolas un pliego técnico por el que se buscaba algún tipo de sistema y algoritmo (con la idea de tenerlo listo el 1 de diciembre de este 2015) que fuese capaz de detectar y caracterizar "patrones comportamentales anómalos o atípicos" con el fin de construir una super-base de datos que se nutra de diferentes fuentes (por ejemplo, de datos o informaciones en las redes sociales) y que sea capaz de identificar a los pasajeros "sospechosos".

De hecho ya había anteriormente planes para hacer e implementar un sistema en España, pero han quedado en suspenso por cambios legislativos en la UE y los planes han cambiado. Pese a que se admitieron para el citado pliego dos propuestas (la de Indra y la de Accenture), al final el Ministerio del Interior ha anulado la licitación. ¿El motivo? Como se apunta más arriba, los cambios legislativos que está introduciendo la Unión Europea en lo que a facilitar las listas de pasajeros respetando la legislación en protección de datos se refiere. Sin embargo, se trata de una "retirada temporal": y  en la resolución para la retirada se explica que pronto habrá una nueva licitación similar cuyo pliego incorpore los cambios de acuerdo a la normativa de la UE.

Sin ánimo de comparar...

Es un hecho, por desgracia indiscutible, que el fenómeno de la corrupción es global, ajeno a ideologías e independiente de si la forma de gobierno es una u otra, incluso si se trata de países con tradición democrática o no. No está de más tampoco recordar que la corrupción no se ciñe al sector público (ya decía el recientemente desaparecido Rafael Chirbes en su obra Crematorio, que "no hay riqueza inocente"), si bien en éste es más cruda porque juega con los bienes de todos, y a todos nos afecta.

Lo que cambia radicalmente es, por una parte, el conformismo con esta "fatalidad" que muestran muchos ciudadanos, aparentemente resignados ante ella como algo contra lo que no puede lucharse, y por otra. la actitud de los poderes públicos, en una vergonzosa tolerancia que permite que se instale, sin que nada indique que no sea así, el "hoy por ti, mañana por mí" creando una indiscutida sensación de inmunidad/impunidad para sus protagonistas, habitualmente personajes conocidos, a veces controvertidos, pero siempre cercanos a los círculos del poder.

El ciudadano medio tiene la impresión de que en lo tocante a esta lacra, los países más avanzados son también los que marcan la pauta en el combate contra ella, en la exigencia de responsabilidades y en la aplicación del castigo correspondiente; sin embargo, está demostrado que la ética no tiene por qué estar alineada con del nivel económico o tecnológico del país, sino con otras cosas.

Como muestra, y como ya decimos, sin ánimo de comparar, la Agencia France Press difunde, y los diarios centroamericanos lo publican el día 22 de agosto, la noticia de la intención del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala de someter a juicio por corrupción al presidente en ejercicio del país juno con otras personas, del gobierno y de fuera de él.
No comparamos ni la actitud independiente del Ministerio Público (en España, esa Fiscalía sobre la que un informe del Consejo de Europa de enero de 2014 aconseja reconsiderar la forma de selección y permanencia de sus miembros. Ni caso hasta hoy, casi dos años después) ni la inexistencia de chalaneos de aforamientos que parecen proteger de la acción de la Justicia (con mayúscula) a los aforados.

Hemos podido leer la noticia difundida por la agencia en un diario guatemalteco y en uno mexicano, y la coincidencia es total, sin sesgos partidistas de ningún tipo en el periódico del país.
No comparamos algunos enfoques "curiosos" que efectúan muchos medios españoles en noticias que pueden afectar negativamente al gobierno, sus integrantes o el partido que lo sustenta. 

Según las informaciones, ya del día 23, el presidente Otto Perez Molina se niega a presentar su renuncia pero.por el contrario, "sus ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Educación, Cynthia del Águila, así como el Comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paíz, cercanos a cúpula empresarial, renunciaron ayer a sus cargos al considerarse decepcionados por la supuesta participación de Pérez en esa estructura ilegal" (el subrayado es nuestro).
Aquì si se puede comparar la actitud del presidente del país de aferrarse a la poltrona, por lo que se ve, en línea con la actitud de mandamases de otras latitudes, también envueltos en oscuros manejos. No comparamos, sin embargo, la decencia demostrada por los dimisionarios en una actitud ética a aplaudir, que no se escudan en "suposiciones" o "presunciones" legales para mantener un inmoral apoyo al investigado. Y es que hay una ralea política que no sabe distinguir entre responsabilidad política, social, moral, jurídica,... y se pierde en vericuetos de imputado, encausado, citado acusado,.. etc. a su conveniencia cada vez. Veámoslo en un ejemplo que hasta el político más recalcitrante pueda entender: un vecino saca a su doberman a pasear, el perro defeca ante mi casa, el propietario deja allí "la prueba del delito", y lo denuncio, pero el juez, por el motivo que sea (defecto de forma, prescripción, cambio en las normas, plazos, diligencias, o cualquier triquiñuela de las que saben tanto los abogados) lo libra de castigo. Es evidente que, por mucho que diga que no el auto judicial, ese vecino ES un cochino. Y nadie con dos dedos de frente (salvo que sea otro cochino) lo defenderá argumentando que es inocente (que no lo es de los hechos). Quizá haya que poner de moda las expresiones tales como "... y nos visita el conocido chorizo juridicamente no culpable Fulanito.."

Para que cada cual saque sus propias conclusiones (sin comparar nada, por supuesto), reproducimos a continuación sin tocar ni una coma, el despacho de agencia.

Corrupción: Ministerio Público pidió antejuicio contra el presidente de Guatemala

Este viernes, el Ministerio Público pidió el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por su participación en la estructura que defraudaba el Sistema de Administración Tributaria de Guatemala. 

La jefa de la Fiscalía de Guatemala, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) - ente adscrito a la ONU que apoya la depuración judicial -, Iván Velásquez, confirmaron que el presidente Otto Pérez Molina y quien fue la vicepresidenta, hasta mayo pasado, Roxana Baldetti, formaban parte de la estructura de defraudación aduanera que fue desarticulada en abril por las autoridades guatemaltecas.

“No hay duda, inclusive por la alusión a referencias de reuniones con el presidente de la República, que todas las referencias al ‘número 1′ y a ‘la número 2′ corresponden al presidente y ala vicepresidente de la república. En todo esto también hay una participación muy lamentable, tenemos que decirlo, del señor presidente y la exvicepresidenta”, dijo Iván Velásquez, titular de la CICIG.

Baldetti fue capturada esta mañana de viernes en un hospital privado, donde se encontraba internada desde el fin de semana pasado, al mismo tiempo que su residencia fue allanada. Este mismo viernes, contra el presidente Otto Pérez Molina, el propio Ministerio Público pidió antejuicio al Congreso de la República. En el allanamiento a la residencia de la exvicepresidenta, las autoridades encontraron nuevos documentos que incriminaban a la pareja presidencial, según explicó Thelma Aldana, la jefa fiscal.

“Después del análisis en conjunto, sistemático, de las escuchas telefónicas, podemos decir que todas estas referencias al ‘número 1′, ‘al mero mero’, al ‘dueño de la finca’, a ‘la dueña de la finca’, ‘la mera mera’, ‘la señora’, corresponde y aluden al presidente Otto Pérez Molina, y por eso se pidió el antejuicio contra él, y a la señora Ingrid Baldetti, y por eso se pidió la captura que se hizo efectiva en la mañana de hoy”, dijo el comisionado Velásquez durante una conferencia de prensa en la que insistió en que no habían tomado ninguna acción de esta envergadura porque no había absoluta certeza.

Las oficinas de investigación de Guatemala parecen no dudar de que la pareja presidencial que gobernó ese país desde 2012 consintieron y permitieron que funcionarios, como el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y personas que no eran empleados de Gobierno, como Estuardo González Álvarez, desviaran fondos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de un proceso denominado La Línea, con la que controlaban a determinados empleados del sistema para desviar fondos.

En el organigrama de la estructura que defraudaba al fisco las fotografías de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti están a la cabeza de la pirámide, aunque la imagen de ambos están cuidadosamente separadas del resto de la estructura por un espacio en blanco. Debajo de las fotos de Pérez Molina y Baldetti aparece Juan Carlos Monzón y él, en cambio, sí está conectado por una línea con el resto de miembros de la organización.

“Hasta antes del 16 de abril teníamos dudas. Sabíamos que se hacía referencia a la ‘número 2′, a ‘la señora’, pero no podíamos declarar con certeza que se tratara de ella, por eso hubo necesidad de profundizar en las pruebas para justificar bien la orden de aprehensión (contra Baldetti)”, dijo Aldana, ante preguntas de medios locales durante la conferencia brindada en conjunto con la CICIG.

En la conferencia de prensa el MP y la CICIG también revelaron que habían encontrado documentos informáticos que contabilizaban el dinero que movía la Línea. “Hay un control de recaudación y de sobornos. Estos cuadros son originales de miembros de la organización elaborados por quienes llevaban la administración. Afortunadamente es así, y naturalmente los datos serán contrastados con otra información bancaria, etcétera”, explicó Velásquez.

El MP y la CICIG aun no pueden cuantificar exactamente cuánto fue el monto defraudado por La Línea pero, según explicó Velásquez, hay un equipo haciendo los análisis financieros respectivos. “Por el volumen de la documentación no se puede actuar con la agilidad que quisiéramos. Continuamente hay investigadores y analistas solo dedicado, exclusivamente, al tema de los importadores. Sí pedimos comprensión en cuanto al volumen de la información”, dijo Velásquez.

Los periodistas guatemaltecos durante la conferencia preguntaron insistentemente por qué las investigaciones tardaron cuatro meses, desde abril, en concretar acciones concretas contra la pareja presidencial. “No porque se diga algo de una persona en una conversación telefónica podemos determinar que eso es solo porque así se dice en la comunicación. Por ejemplo, en los medios se divulgó un error, se dijo que cuando se decía ‘la R’ se refería a la vicepresidenta y eso era un error porque en realidad significa recaudación”.

La captura de la exvicepresidenta fue autorizada por el juez de Mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Debido a que la exvicepresidenta Baldetti se encuentra hospitalizada desde el pasado domingo, un grupo de Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses verificarán el estado de salud de la ex vicepresidenta para determinar si puede ser trasladada al juzgado. El gerente del Centro Médico donde se encuentra Baldetti asegura que al ingreso su salud era estable, “pero conforme pasaron los días en el hospital, su salud empeoró”, reportó en Twitter el periódico guatemalteco Prensa Libre. Los médicos se comprometieron a dar más detalles al mediodía.

El abogado de la vicepresidenta aseguró que la aprehensión de Baldetti resultaba innecesaria puesto que ya se había puesto a disposición de las autoridades. “El derecho de defensa se le ha violado toda vez que era más fácil llamarla a una primera declaración que definitivamente girar una orden de aprehensión. Estamos cansados de todo lo que ha ocurrido en este proceso pero esperamos que el juez actúe en base a la ley”, dijo el defensor Mario Cano.

Baldetti salió salpicada tras el desmantelamiento de una red de defraudación aduanera el pasado 16 de abril, donde el supuesto cabecilla era su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia y quien debe ser ubicado y detenido por el ministerio de Gobernación guatemalteco. Monzón, un hombre de confianza de Baldetti con un pasado vinculado al robo de vehículos según investigaciones de medios locales, provocó la renuncia de la vicepresidenta luego de que en escuchas telefónicas entre supuestos miembros de la red se registran menciones como “La señora”.

Tras el escándalo de corrupción, la exvicepresidenta renunció al cargo el 8 de mayo, en lo que significó un duro golpe para el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, en un contexto de protestas ciudadanas, masivas, en las que también se ha exigido la renuncia e investigación por actos de corrupción contra el mandatario.

“La credibilidad del gobierno está por el piso”, declaró en mayo el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein (2004-2008), quien mencionó que requerirá de una “gran madurez” de la ciudadanía y los partidos políticos para recuperar la confianza, a las puertas de un proceso electoral.

Más de siete millones de guatemaltecos -casi la mitad de la población- estará llamada a votar en las elecciones generales el 6 de septiembre -25 de octubre de ser necesario una segunda vuelta presidencial-, en un proceso ensombrecido.

Pues mira por donde, esa última frase del despacho “La credibilidad del gobierno está por el suelo, y se requerirá de una “gran madurez” de la ciudadanía y los partidos políticos para recuperar la confianza, a las puertas de un proceso electoral" no sé por qué pero me suena de algo.

Boletín nº 49/y 3 - Reestructuración deuda soberana

Coincidiendo  con la confección de esta entrada en el blog, relativa a las iniciativas oficiales que se están dando en torno a la reestructuración de la deuda soberana, la cadena de televisión alemana ZDF ha emitido una entrevista a Angela Merkel en la que la canciller admite sin aspavientos y con total normalidad la posibilidad de negociar con Grecia el plazo y tipo de interés de su deuda, caracteristicas que coinciden con las previstas en el próximo documento de la ONU. Otros elementos como la quita de la deuda (porcentaje del nominal del débito que se "perdona" por los acreedores; la quita es una figura habitual en la gestión de situaciones irregulares y por regla general, en la mayoría de casos representa una cantidad que ya se ha cobrado de sobras en forma de intereses) no los contempla "porque tampoco lo hace la Eurozona",  lo que quiere decir que si, políticamente, se considera razonable, se hará. No es descabellado porque en el tratamiento de la deuda soberana de los paísesse han producido hechos llamativos, sin ir más lejos, todo lo que rodeaba a los paquetes financieros tóxicos armados por la "banca de inversión" con las hipotecas subprime, de largo recorrido entre entidades especulativas (que, por cierto, ni sabían que componía esos activos empaquetados, como reconocierron sin rubor) que en un momento, por arte de birlibirloque, se convirtieron  en deuda bancaria "a rescatar", diferente a todas luces de la deuda legítima representada por emisiones oficiales y destinada, pongamos por caso, a construir hospitales.

Hay que pensar que la ONU abre un camino, largo sin duda, que permitirá aplicar a la deuda los mismos parámetros que dicen que rigen para el resto de la economía, sobre todo en el ámbito privado.

Sorprende, sin embargo, la comparación de esa apertura de miras que se observa globalmente en el tema con la actitid de gobiernos como el español que, aparte del paripé (votación no vinculante, por si acaso) de la aprobación en el Parlamento, con la mayoría de un solo partido si hace falta, de la participación, junto con el resto de socios europeos, en el tercer rescate a Grecia, se envuelve en la bandera de "se ha de cumplir la ley" (un mantra limitado a SUS leyes y no a TODAS las leyes, por lo que se viene viendo a lo largo de la legislatura) para exigir los cumplimientos ajenos con una firmeza que durará lo que tarden sus socios en dar carta blanca a los análisis, auditorías y, cuando corresponda, reestructuración de la deuda (con quita, posiblemente).

Finalmente. no parece fuera de lugar dedicar un tiempo a la lectura del borrador del documento que, si no hay cambios de contenido o fechas, verá la luz, auspiciado por la ONU, en breves semanas y que, no lo olvidemos, constituye, con todas sus limitaciones actuales, un primer paso para abordar un tema espinoso pero crucial en muchas ocasiones para la sostenibilidad de cada país y, en consecuencia, el futuro de todos (para consultar el documento original en inglés, clicar aquí)  .

PRINCIPIOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA SOBERANA (CONTRAÍDA POR LOS ESTADOS)

1. El derecho del Estado soberano a actuar, en ejercicio de su autoridad, a diseñar su política macroeconómica, inclusive la reestructuración de su deuda soberana, que no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva. La reestructuración debe hacerse como el último recurso y preservando los derechos de los acreedores principales.

2. La buena fe, tanto por el Estado deudor como de sus acreedores, implica negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana con el objetivo de un restablecimiento rápido y duradero de la sostenibilidad y el servicio de la deuda.

3. La transparencia debe ser promovida para mejorar la rendición de cuentas de los actores involucrados. Se puede conseguir a través del intercambio oportuno de datos y procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.

4. La imparcialidad requiere que todas las instituciones y actores involucrados en procesos de reestructuración de deuda soberana, incluso en el ámbito regional, de conformidad con sus respectivos mandatos, disfruten de independencia y se abstengan de ejercer cualquier influencia indebida en los procesos, sobre otras partes interesadas o participar en acciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses o corrupción, o ambos.

5. El tratamiento equitativo impone a los Estados el deber de abstenerse de discriminar arbitrariamente entre los acreedores, a menos que un tratamiento diferente sea justificable bajo ley y se correlacione con las características del crédito, garantizando la igualdad entre acreedores. Éstos tienen el derecho a recibir el mismo trato proporcional de acuerdo con su crédito y sus características. No hay acreedores que deban excluirse a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.

6. La inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución respecto a las reestructuraciones de deuda soberana es un derecho de los Estados ante tribunales nacionales y extranjeros, y las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente.

7. Legitimidad, implica que el establecimiento de instituciones y operaciones de reestructuración de deuda soberana respetan la inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales deberán permanecer válidos hasta el momento en que sean modificados por un acuerdo de reestructuración.

8. Sostenibilidad, implica que la reestructuración de deuda se realice de manera oportuna y eficiente, y que lleve a una situación de deuda estable en el Estado deudor, preservando derechos de los acreedores; mientras promueve un crecimiento económico sostenido e incluyente y un desarrollo sostenible, minimizando costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.

9. La reestructuración mayoritaria implica que los acuerdos de reestructuración, que son aprobados por una mayoría cualificada de acreedores, no deben verse afectados, amenazados o impedidos por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores. Se debe respetar la decisión adoptada por la mayoría de los acreedores, y alentar a los Estados a incluir cláusulas de acción colectiva en futuras emisiones de su deuda soberana.

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Mientras se daba forma final a esta entrada, se produce la dimisión del primer ministro griego Alexis Tsipras y la convocatoria de elecciones en su país. Es evidente que la situación actual de Grecia tiene más que ver con una discutible política económica anterior que con motivos estrictamente ideológicos del partido en el poder, sea el que sea. Si, hablando de deuda soberana, el propio FMI, uno de sus principales acreedores declara que la deuda griega es inasumible y todos parecen estar de acuerdo en que la ayuda que es imprescindible es aquella que le permita a Grecia crecer económicamente para poder crear los recursos necesarios para su desarrollo y para pagar sus débitos, es de sentido común que deberá analizarse cuánto interés han cobrado hasta ahora sus acreedores y estudiar muy en serio qué quita puede negociarse, gobierne el partido que gobierne, Y ahí está la clave. Los acreedores tienen predisposición diferente al análisis y al acuerdo según cual sea la formación política con la que negociar. Pero ese es otro problema.

Boletín nº 49/2 - Reestructuración deuda soberana

Decíamos que, con base en la experiencia del impacto de los ‘fondos buitre’ en la economia argentina, en la ONU se ve la posibilidad de regular de algún modo la deuda soberana (la contraída por los países), y que ésta no sea una forma de sujeción de los Estados deudores. 

Reproducimos a continuación la entrevista publicada el pasado día 9 en el diario boliviano La Razón (nada que ver con la publicación española homónima, esa que se anuncia como "Diario independiente de información general", y en cuyas páginas de información es difícil encontrar, por ejemplo, ni una mención al tema objeto de esta entrada en el blog) con el embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti. Hay que puntualizar que Bolivia preside el comité de la ONU que empezó el trabajo.y que, en semblanza básica, el Sr. Llorenti fue activista de Derechos Humanos; viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales en el gobierno de Evo Morales y más tarde ministro del Interior en el Gobierno, cargo al que renunció a raíz de la represión a indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Fue nombrado embajador en la ONU en agosto de 2012.

— Al parecer se trata de una labor pionera en la ONU.

— Así es. Hasta ahora no hay nada en el derecho internacional sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana; esto siempre se ha dejado en manos del mercado; y cuando digo mercado es un término eufemístico que tiene que ver con poderes financieros y con la especulación. El comité concluyó su trabajo aprobando de manera unánime nueve principios, que marcan un antes y un después en la historia de cómo la ONU trata los procesos de reestructuración de deuda soberana.

— ¿La idea es regular el endeudamiento de los Estados?

— La idea es la reestructuración de la deuda y, junto a esto, tratar de construir un sistema de contrapesos al FMI. No todos los países están de acuerdo con este proceso; en la resolución del año pasado, 11 países han votado en contra del mismo: Estados Unidos y sus aliados; su argumento es que éste no es un tema para la Asamblea General de la ONU, sino para el FMI. Nosotros hemos roto ese esquema, porque consideramos que no es un tema de especialidad, sino que está estrictamente vinculado a la democracia. Esos 11 países tienen menos del 11% de votos en la Asamblea, donde todos somos iguales, cada país, un voto; pero tienen casi el 40% de votos en el FMI; quieren que el tema se trate donde ellos tienen control, y no donde hay un ambiente democrático; esos 11 países reúnen a los grandes acreedores, al centro financiero mundial.

— La deuda es de dominio del FMI porque tiene, se dice, un carácter estrictamente económico.

— Antes era un tema solamente para el FMI; pero se ha convertido en un tema o escenario para el resto de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reestructuración de la deuda, no estamos hablando solo de un tema vinculado al sistema financiero; es un hecho relacionado con la capacidad de crecimiento de un país, por ello, con su capacidad de desarrollo, con los derechos económicos y sociales, con la calidad de su sistema político y, finalmente, con su democracia; entonces, es un tema esencial, que ha cobrado relevancia con la crisis que se vive todavía en Grecia. Así, la reestructuración de la deuda no es un tema exclusivo de los países en desarrollo; en los desarrollados también se produce este fenómeno.

— Hablemos de los principios. El primero es la potestad del Estado para reestructurar su deuda.

— El hecho de establecer que la reestructuración de la deuda es parte del derecho de un Estado implica que los acreedores y sus representantes tienen límites a la hora de imponer condiciones. Está vinculado a otro principio, que tiene que ver con el respeto a la jurisdicción de los Estados. Lo que pasa, por ejemplo, con los “fondos buitre” en Argentina: un solo juez, el juez (Thomas) Griesa, pudo paralizar el proceso de reestructuración de deuda de un Estado soberano. Eso genera un nivel de inestabilidad y de inseguridad jurídica tremendo. ¡Cómo es posible que un juez pueda sobreponerse a la soberanía de los Estados, un juez de un distrito judicial cualquiera! Esto se da justamente por este vacío en el derecho internacional.

— Transparencia. En el mundo financiero parece muy difícil...

— La transparencia y evitar la corrupción son temas fundamentales, porque, por ejemplo, los “fondos buitre” trabajan para especular, no invierten nada, no prestan nada; pero buscan dónde hay problemas de deuda, compran los bonos de esa deuda a precios bajos, y luego litigan con el Estado pidiendo más dinero; especulación pura. Entonces, es necesaria la transparencia para que, entre otras cosas, los Estados sepan cuáles son los operadores financieros que trabajan como fondos buitre, para que tengan cuidado, y también para que las distintas jurisdicciones sepan que ese tipo de especulación es atentatoria, en este caso a estos nuevos principios.

Sacha Llorenti

— También se habla de la sustentabilidad de la reestructuración: cuidar el derecho del acreedor pero también asegurar el desarrollo del país, no bloquearlo.

— Así es. Además no solo porque es violatorio a los derechos económicos y sociales, sino porque es absolutamente antieconómico. No se puede exigir medidas de ajuste estructural, que es lo que nos pasó a nosotros en los ‘80, tan dramáticas que cortan nuestras posibilidades de desarrollo, a título de satisfacer la demanda del sistema financiero. Se propuso, por ejemplo, que la reestructuración esté vinculada al Producto Interno Bruto (PIB) de los países; que se planifique la reestructuración tomando en cuenta las posibilidades de desarrollo del país.

— Por lo común se ve este tipo de programas solo para los países ‘subdesarrollados’, pero el tema de la deuda también es un problema de los desarrollados.

— Así es. Le pasó a Argentina, un miembro del G20, un país con una economía grande. Se sacó algo positivo de eso, porque Argentina sí tuvo la musculatura para hacer defender sus derechos, y tomó un liderazgo en distintos grupos regionales para combatir a los “fondos buitre”. Pero veamos lo que está pasando en el sur de Europa: no es solamente Grecia; Italia, España, Islandia, Portugal, Ucrania, todos con problemas de deuda; no es un tema solamente de los países en desarrollo; es un tema que tiene que ver con el sistema financiero en general.

— Y también para el acreedor. Al propio acreedor le interesa que el pago de la deuda sea sostenible.

— Sostenible y previsible, que haya previsibilidad a la hora de resolver estos problemas. En lo que no se puede caer es en la lógica especulativa, atentatoria de los derechos económicos y sociales y que todo esto se convierta en una especie de chantaje político.

— Había la idea de constituir un Tribunal de Deuda Soberana, en el mismo nivel de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

— Por eso esto es un hito histórico; estamos abriendo la puerta para que el órgano más democrático del mundo, con todas sus limitaciones y defectos, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, trate estos temas. El primer gran paso son estos principios; luego, la idea es que el comité continúe trabajando para ver estas opciones; esa (las del Tribunal sobre deuda) es una opción; hay otras opciones que hablan solamente de mediación; otros que proponen algo intermedio; pero lo que está claro es que tal y como está el sistema, no resuelve ningún problema; todo lo contrario.

— ¿Qué va pasar si el FMI pone sus reales y dice no, aquí valen estas nuestras reglas?

— Yo creo que tarde o temprano el FMI y los países que se oponen a este proceso se van a dar cuenta de que estamos en una ruta irreversible, que toma tiempo, por supuesto, como todo en el sistema internacional; pero es una ruta irreversible de transformación del sistema financiero en su conjunto.

— Pero el tema, como siempre, es el efecto concreto que tendrán estos principios.

— Si estos principios son aprobados en la Asamblea en septiembre, todos los futuros contratos, todas las futuras litigaciones vinculadas con la reestructuración de deuda van hacer referencia a estos principios; todo el mundo va a decir, ‘pero hay unos principios’. Con la debida diferencia, será como cuando se habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos; está ahí, se convierte en un punto de referencia ineludible, en la base de construcción de un sistema distinto. De aquí a algunos años, esto será un punto de referencia para hablar de una transformación en el sistema financiero. Otra gran ventaja es que las economías emergentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), están acompañando este proceso.

A la vista del denso contenido de la entrevista, uno tiene la tentación de remarcar alguna de las frases del Sr. Llorenti, dada su relevancia en la situación actual, pero hemos preferido no hacerlo y dejar así a cada lector/a que llegue a sus propias conclusiones y con sus criterios.

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Boletín nº 49/1 - Reestructuración deuda soberana

La noticia que ha saltado estos días en los medios de comunicación es la declaración de un miembro del gobierno del Brasil (ya se sabe, país miembro de esa asociación económica que algunos dicen "de segunda fila" conocida como BRICS, y que integra a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica siguiendo el orden de sus iniciales) acerca del temor de que, por la actual evolución de las cifras macroeconómicas que impactan en todo lo que tiene que ver con China (y por los efectos de la corrupción en el país, todo hay que decirlo), su país se vea abocado a entrar en una espiral de deuda que pudiera perjudica su crecimiento. Nada que ver, por cierto, con la nula preocupación que demuestran los actuales gobernantes españoles sobre el tema, a la vista de la alegría con que se llega en un tiempo record (menos de una legislatura) a porcentajes de deuda respecto al PIB teóricamente inasumibles por nuestra economía y que, teorías aparte, hipotecan gravemente el futuro de más de una generación (y no es exageración) de ciudadanos de todo el país.
Esta divergencia en los enfoques sobre un tema tan importante, conduce a reflexionar sobre el mismo y eso nos lleva a advertir algunas paradojas a las que nos referiremos a continuación.

Un recordatorio teórico previo: se entiende por deuda soberana o deuda pública el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares o frente a otro país. Esta deuda, materializada normalmente mediante la emisión de títulos de valores (bonos, obligaciones...), es una forma de obtener recursos financieros por el Estado aunque el Estado puede utilizar la deuda como instrumento de política económica y en este caso debe aplicar la política de deuda que considere más apropiada en cada momento a los fines que persigue.
La deuda pública puede afectar, de una manera más o menos directa, a variables económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como los tipos de interés, el tratamiento del ahorro, y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero, etc.
La deuda pública es, pues, en síntesis, la obligación que adquiere el Estado por los préstamos que ha recibido o por los que es responsable, a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público o de otros países.

A la vista de estas definiciones, ya se observa que, si bien existe la obligación del Estado de atender la amortización en su debida forma de toda la deuda asumida,  el tratamiento de un débito originado por la obtención de recursos necesarios y el de otro que obedezca a un tema de política económica puede no ser idéntico. Sobre esa premisa, y teniendo como telón de fondo la lucha contra esta crisis que nos azota, se han puesto sobre la mesa por algunos países diferentes propuestas encaminadas a analizar la deuda en vigor en cada caso, negociar algún supuesto y, llegando al extremo, priorizar, si se veía ineludible.

Lo primero que hay que decir es que todas estas iniciativas han encontrado el rechazo frontal del establishment, no ya de "los mercados", que puede entenderse, sino el de los gobiernos, en un movimiento que tiene más de corporativo entre ellos que de otra cosa, ya que el repudio (incluyendo automáticamente como herramienta habitual descalificaciones personales a sus defensores) se hace extensivo al estudio, análisis a futuro, o cualquier otro detalle o matiz aplicable. Basta recordar los casos de amenaza seria disfrazada de rechifla en formaciones como la griega Syriza o la española Podemos, que habían sugerido estudiar la situación en cada país.
Y lo segundo que hay que decir es que, dejando a un lado consideraciones ético-morales, tales actitudes no dejan en muy buen lugar a los gobiernos, que ignoran o menosprecian iniciativas como la que emprendió hace unos años la ONU. Y no dejan en buen lugar a los gobiernos porque si conocen la iniciativa, están engañando a sus ciudadanos ocultando la posibilidad de opciones estudiables y deben dimitir; y si no la conocen, demuestran ineptitud hacia algo que deberían saber y también deben dimitir.

El caso es que, concretamente en respuesta a la crisis provocada por la gestión de la deuda asumida por Argentina en 2012 y acreditada por los denominados “fondos buitre”en la economía de este país, y en vista de que iba trascendiendo que éste no era un caso único, en 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instituir el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana (encarados a la modificación de los términos de la deuda adquirida por los países, especialmente en cuanto a plazos y tasas de interés). Este Comité empezó a trabajar en enero de 2015 y su presidencia fue encomendada a la representación boliviana (con lo cual no es descartable que algunos gobernantes y sus corifeos mediáticos se apresuren a tildar de "bolivariano" todo el trabajo del comité, pero eso es otra historia). Tras meses de labor, el comité aprobó “nueve principios” sobre dicha reestructuración y se espera que dichos principios sean aprobados en la Asamblea General en los primeros días de septiembre de este año. De ser así, tales mandatos marcarán un antes y un después en la historia del organismo internacional, pues será la primera vez que desde la ONU se trate de regular el endeudamiento de los países; en cierto sentido, se puede decir, que estará naciendo uno de los más importantes contrapesos a la actual visión de la deuda, expresada hoy por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Cuando la corrupción es sistémica

Que la corrupción es un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo es algo que nadie pone en duda; que la voluntad y eficacia normativa de luchar contra ella son absolutamente divergentes en los diferentes países que la sufren tampoco se cuestiona, que hay lugares donde se comprueba que parece haberse instalado la evidencia de que es un delito que clama al cielo pero que resulta impune tanto para el corrupto como para el corruptor aparte de las soflamas grandilocuentes de servidores públicos más preocupados en taparse mutuamente las vergüenzas que en atajar esta lacra exigiendo responsabilidades es un aspecto lacerante pero que forma parte, precisamente, de nuestro entorno político, que... y así podriamos seguir enumerando detalles de la corrupción. 

Por eso llaman la atención iniciativas que pueden trascender fronteras en la detección y persecución del delincuente en este campo como la recientemente ponderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, consistente en un sistema informático que ya se ha probado exitosamente en varios países de Sudamérica, fuertemente castigada por el fenómeno.

Resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su publicación "La tecnología al servicio del combate contra la corrupciòn", destaca una herramienta informática que cita como SIIARBE (Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes de Estado), y coloca como ejemplo en el documento a Bolivia, calificando al programa informático como un modelo exitoso, que ha conseguido la reducción considerable de los tiempos en la investigación de hechos de corrupción y la recuperación significativa de bienes a favor del Estado

Con independencia de que el programa pueda ser o no de aplicación en España, lo cierto es que se trata de una iniciativa que merece estudiarse, incluso en el escenario negativo de que su implementación conlleva el admitir que la corrupción está cronificada hasta el punto de combatirla, en principio, con medidas técnicas. La publicación, realizada como parte de la Revista Académica “Nota Técnica”, reconoce la exitosa combinación que permite al programa brindar un acceso oportuno a la información, acompañado del uso de tecnologías de la información y la comunicación (tic) y una estrecha cooperación interinstitucional.

Se informa así de que el Ministerio de Transparencia institucional y Lucha Contra la Corrupción a través de su Dirección General de Recuperación de Bienes de Bolivia ha creado e implementado la plataforma informática construida con los más altos estándares de seguridad, que como sistema integrado de información trabaja a través de la web vinculando a varias entidades públicas en el intercambio de información.

Este sistema, inédito en la región, permite mejorar el trabajo interinstitucional anticorrupción, acortando plazos en los requerimientos y entrega de información, garantizando la confidencialidad y seguridad en la migración de datos.

Los contenidos de la publicación del BID, incluyen los antecedentes institucionales que han dado lugar a la creación del Sistema; las consideraciones teóricas sobre el rol de la información, las tics y la cooperación interinstitucional; la metodología de construcción e implementación del sistema; y finalmente, la descripción de sus resultados y retos, constituyéndose en una reseña de un modelo exitoso.

De hecho, la idea de organizar la lucha contra la corrupción de manera interinstitucional no es nueva; aplicada al mundo oscuro y sucio del blanqueo de capitales, ya hace tiempo que la defienden entre otros, Moisés Naim, quien, entre otras cosas, fue Director Ejecutivo del Banco Mundial. Naim mantiene que de poco vale tener auténticos expertos en delincuencia fiscal, en delitos patrimoniales, en bandas armadas, en crimen organizado, en ... si el sistema les obliga a tomar decisiones autónomas e individuales. Lo efectivo es, precisamente, armar un puzzle operativo con todos ellos sabiendo qué se busca y aportando cada uno de ellos su visión complementaria al resto.

¿Qué dirá el Santo Padre...?

Quilapayún es un grupo chileno de música folclórica, que se formó dentro de la llamada Nueva canción chilena en la década de los años sesenta del siglo pasado y que, con algunos cambios en sus integrantes, continúa activo. Durante el gobierno de Salvador Allende fueron nombrados embajadores culturales de Chile, pero tras el golpe de estado de Augusto Pinochet, que les coge en Francia,  comienza su exilio con marcado protagonismo en los actos de solidaridad con la causa socialista chilena. De esta época es la inclusión en su repertorio de la canción ¿Que dirá el Santo Padre?, compuesta unos años atrás por la también chilena Violeta Parra y que tiene cono fondo el fusilamiento de Julián Grimau por el gobierno franquista en España. (El santo padre Juan XXIII, como muchos otros personajes en todo el mundo, pidió clemencia cuando Franco ordenó la muerte de Grimau. Y no le hicieron caso. Le estaban degollando a su paloma)

Episodios como éste nos llevan a reflexionar sobre la relación y/o dependencia en algunos casos entre algo que, desde el escrupuloso respeto, debe tener una consideración diferente, como son las normas y códigos civiles de convivencia  y los preceptos religiosos de cada creencia que, sin llegar al drama de la oficialidad de la sharia (ley religiosa) musulmana en algunos países, sí que puede provocar situaciones que, con sentido común de todos (empezando por los gobernantes que hacen las leyes), deberían evitarse.

Para ver la perversión que puede encerrar la interpretación radical de unos hechos, nos haremos eco de la noticia publicada esta misma semana en el periódico The Washington Post acerca de la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Indiana contra una institución de enseñanza (?), la Forest Park Elementary School que reclama que la escuela violó la libertad religiosa de un menor. .

Todo se originó hace seis meses cuando a un niño de siete años, identificado en la demanda como A.B. se le prohibió sentarse junto a sus compañeros de clase durante el almuerzo después de decir a una compañera durante el recreo que su familia no iba a la iglesia y que él no creía en Dios. La niña se puso a llorar y explicó a un supervisor que AB había herido sus sentimientos. El incidente fue reportado a la maestra de AB, que avisó al niño (de 7 años, no olvidemos) que estaba "muy preocupada" por lo que había hecho y prometió ponerse en contacto con su madre. La maestra obligó al niño a sentarse junto a ella a la hora del almuerzo durante tres días y le prohibió hablar con los otros alumnos porque los había ofendido. La demanda afirma que esto provocó una profunda angustia a AB, ya que implicaba que expresando su opinión personal había hecho algo malo.

Sin embargo, sigue la demanda, el agravio para el niño no terminó ahí, ya que el asunto fue transmitido a "otro adulto" empleado en la escuela que, al conocer los detalles de la historia, ese otro adulto habría dicho a la compañera de clase de AB que ella debía sentirse "feliz por tener fe" y que no debía escuchar "las malas ideas de AB".

A pesar de que la profesora prometió al niño que se comunicaría con sus padres, nunca lo hizo. La madre del niño afectado se enteró del incidente porque su hijo llegaba preocupado de la escuela afirmando que los profesores y los demás niños le odiaban. Esto llevó a su madre a llamar a la asistenta del director de la escuela para exigir que su hijo no fuera castigado por expresar sus puntos de vista religiosos.

Sólo después de esta llamada telefónica, la profesora del niño y otros maestros le dijeron a AB que tenía derecho a creer lo que quisiera, y después de los tres días de castigo le permitieron volver a sentarse con sus compañeros de clase durante el almuerzo. Sin embargo, la demanda hace hincapié en el daño a largo plazo infligido al alumno, que incluye el hecho de que algunos de sus compañeros de escuela se niegan a hablar con él y que actualmente para AB ir a la escuela es un motivo de "ansiedad y temor".

En respuesta al incidente, el distrito escolar emitió un comunicado: "Está claro que no es competencia de una escuela pública promover o inhibir las creencias o prácticas religiosas. Según la primera y la decimocuarta enmienda a la Constitución [que garantizan la libertad religiosa y la igualdad ante la ley], esto sigue siendo competencia inviolable de cada individuo y de la iglesia de su elección. Los derechos de una minoría, no importa cuán pequeña sea, deben ser protegidos".

Sin comentarios adicionales. Sólo recordar que, desde el más profundo respeto a todas las creencias, nuestra Constitución también dice algo de la aconfesionalidad... que un gobierno serio debería respetar y proteger.

¿Para qué sirve el dinero en efectivo?

Cuando se piensa en los billetes de euro de alta denominación, en particular los de facial de 200 y 500 euros, se señala que, por temas de incumplimiento fiscal, corrupción y otras lindezas, España tiene el dudoso privilegio de ser el país de la Unión Europea que atesora más cantidad de estos billetes pese a que su circulación real en negocios y comercios sea prácticamente nula. Es cierto que aunque el uso de dinero en efectivo ha experimentado un moderado descenso en la UE hasta el punto de que ya hay países que han anunciado en serio su voluntad de eliminarlo de las transacciones y usar las tarjetas de crédito, débito, monedero, etc., la demanda de billetes de alta denominación, que por lo general no son muy utilizados para realizar pagos, tales como los billetes de 500 euros, ha sido sostenida. El billete de 500 euros representa más del 30% del valor de todos los billetes en circulación. Esto despierta dudas acerca de la finalidad de estos billetes y si están relacionados con actividades delictivas, que debería estudiarse más a fondo.

Paralelamente, a mayor abundamiento, está demostrado que el país de todo el mundo donde se guarda un mayor volumen  de euros es Colombia. Puede resultar chocante, pero es fácil hallar la razón habida cuenta de la triste relación de la economía real del país con el narcotráfico: según la conclusión de un informe de Europol, que es el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en la Unión Europea (UE), y a pesar de los constantes cambios en el seno del crimen organizado y del crecimiento del ciberdelito, los métodos de blanqueo de capitales detectados continúan siendo los tradicionales. La posibilidad de vincular el dinero en efectivo con actividades criminales continúa siendo un enorme desafío para las autoridades de aplicación de la ley. “El uso de dinero en efectivo por los criminales sigue siendo uno de los principales obstáculos para concluir con éxito las investigaciones. Es una amenaza que no ha recibido suficiente atención internacional o soluciones legislativas. Un enfoque fragmentado de cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional y diferentes marcos regulatorios en todos los países miembro de la UE, son ampliamente explotados por los delincuentes, que adaptan sus métodos y rutas para tomar ventaja de estas lagunas. Intensificar los esfuerzos para aumentar la cooperación internacional y el intercambio de información y el establecimiento de un enfoque más concertado entre los Estados miembros de la UE en relación con los movimientos de dinero efectivo dentro de la UE, son cruciales si queremos hacer frente a estas actividades delictivas”.

El contenido citado en cursiva pertenece al más reciente informe de Europol "Why is cash still king?" (algo así como ¿Por qué el dinero en efectivo sigue siendo el rey? del que se puede consultar el original en inglés a través de la página web de Europol), que muestra que, si bien los consumidores están utilizando cada vez menos el dinero en efectivo, este método sigue siendo uno de los preferidos para intentar regularizar el producto de actividades criminales.

Se recuerda en el prólogo del informe que todas las actividades delictivas producen ganancias, frecuentemente dinero en efectivo (nadie entrega una factura acreditativa de la venta de un alijo de droga, por ejemplo, para que se pague mediante una transferencia bancaria) que los delincuentes tratan de legalizar a través de diferentes medios. Tanto las actividades delictivas que producen el dinero sucio como el propio acto del blanqueo de ese dinero son realizados por grupos transnacionales de la delincuencia organizada independientemente de su origen étnico o ubicación geográfica, desafiando de esta manera cualquier categorización. Las actividades de lavado de dinero son muy difusas por una razón relativamente simple y que a veces se pasa por alto: el crimen organizado es una actividad comercial que trabaja para obtener un beneficio financiero.

Todos los delitos utilizan dinero en efectivo para intentar blanquearlo en algún momento del proceso delictivo, aunque no sean insensibles a las nuevas tecnologías como las monedas virtuales, en las que se utiliza el dinero en efectivo como instrumento para disimular el origen delictivo de los fondos recaudados.

El hecho de que en la delincuencia organizada se muestre prioritario el uso del efectivo sobre el de las monedas virtuales es precisamente lo que hace que las conclusiones de este informe de la Europol sean de gran interés ya que  a pesar de los cambios de tendencia observados en la criminalidad y las grandes amenazas con las nuevas tecnologías, los esquemas de blanqueo de capitales detectados por las fuerzas del orden están todavía en gran medida caracterizados por las técnicas tradicionales, en particular, el uso de dinero en efectivo.

Puede resultar chusco, pero uno de los métodos más utilizados por los delincuentes para legitimar capitales sigue siendo el contrabando de dinero físico. Es difícil evaluar la magnitud de esta actividad criminal, pero según algunas estimaciones conservadoras basadas en los registros recibidos por Europol muestran que las autoridades de los estados miembros detectan y/o confiscan unos 1.500 millones de euros por año. Según el informe, entre 2012 y junio de 2014 más de 3.800 millones de euros en efectivo fueron detectados y/o confiscados por las autoridades competentes.

Hay, por supuesto, muchos otros factores que presentan riesgos relacionados con el blanqueo de capitales (por ejemplo, la propiedad efectiva o el beneficiario final de las empresas-tapadera) que, en general, están recibiendo suficiente atención a nivel internacional, y ya se están abordando a través de la legislación europea, pero el uso de dinero en efectivo por parte de los delincuentes sigue siendo una de las mayores amenazas comunicadas por las autoridades responsables de aplicar la ley en materia de blanqueo de capitales, así como una de las barreras más importantes para llegar a un final exitoso en las investigaciones y procesos legales.

Las conclusiones del informe incluyen una serie de recomendaciones que buscan aportar soluciones prácticas para ayudar a prevenir el uso del dinero en efectivo para efectos criminales, como por ejemplo señalar la evidencia de que si bien el contrabando de dinero físico sigue siendo un método frecuente, la información (su mantenimiento e intercambio) relacionada con detecciones de dinero en efectivo no siempre está centralizada a nivel nacional, y ciertamente no lo está a nivel internacional, por lo que es imposible evaluar, tanto la magnitud del fenómeno como, por ejemplo, las rutas preferidas por los delincuentes para mover el dinero fìsico.

Tendencias estéticas (?) en los servicios bancarios

Hace algunos años (antes del inicio de la crisis, para situarnos) el responsable de formación de un grupo bancario con presencia en varios países me confiaba su preocupación porque le habían indicado que debía encontrar, y aplicar para los empleados, marcos formativos adecuados en técnicas de venta, porque, me decía, "si de arriba ordenan vender neveras. la gente ha de vender neveras, aunque nadie las necesite ni sea el mejor producto para vender si es que hace frío". Le dije entonces (y lo mantengo hoy) que, en mi opinión, la banca es otra cosa y que si, posiblemente, es conveniente que tenga esas "neveras" en el catálogo de productos, el objetivo del empleado es conocer razonablemente al cliente y negociar con él la adquisición en forma de I win- you win del producto que le cuadra (aunque no sea la dichosa nevera)
Dicho sea de paso, al poco tiempo de esta conversación empezó la machacona y subrepticia campaña generalizada de venta de productos de la familia de las preferentes y similares, la "nevera" del momento, y de la que nadie se preocupó de averiguar si era o no el producto adecuado para el cliente elegido.

Pero lo cierto es que la idea de asimilar la oficina bancaria a una tienda de venta de productos financieros va ganando adeptos. Sin ir más lejos, es un hecho que las entidades de todo Estados Unidos están desprendiéndose de los empleados-cajeros, contratando vendedores y reformulando el uso de las ventanillas para los automóviles (muy usuales en aquel país). En el fondo son las medidas más recientes de la banca para reducir costos en momentos en que los clientes se están trasladando en masa a la banca en línea y a través del móvil.

No es fácil el cambio puesto que los bancos quieren que los clientes acudan a las sucursales para venderles productos financieros como préstamos o tarjetas de crédito pero, al mismo tiempo, tienen que seguir atendiendo a los millones de personas que todavía hacen regularmente depósitos y retiran dinero en efectivo de los cajeros tradicionales.

El caso extremo es el del banco Capital One Financial que ya ha anunciado que, cuando inaugure una nueva sucursal en Boston dentro de algunas semanas, los únicos cajeros serán automáticos.

La empresa está expandiendo un formato de “cafetería” en el que los visitantes pueden tomar un café gourmet y disfrutar de una conexión Wi-Fi, pero no encontrarán un ejecutivo que les abra una cuenta o les recoja una solicitud de préstamo.

En lugar de ello, los empleados dirigirán a los clientes al sitio web del banco y responderán preguntas sobre los servicios que el banco ofrece. El banco considera el formato de “cafetería”, que ya utiliza en otras sucursales del país (en ciudades mucho más pequeñas que Boston), como una manera de promover su marca sin necesidad de emplear un gran número de cajeros humanos.

No es un caso aislado de esta tendencia. Bank of America Corp. ha anunciado que pronto empezará a reconvertir unos 9.000 empleados en “banqueros relacionales” que puedan dirigir a los clientes a los cajeros automáticos de alta tecnología o mostrarles cómo depositar un cheque a través de sus teléfonos inteligentes. J.P. Morgan Chase., PNC Financial Services Group y otros bancos están implementando estrategias similares.

Y todo eso, dicen, para mejorar SU rentabilidad ya que, en Estados Unidos, pese al considerable recorte de costos realizado por los bancos en los últimos años, hasta un tercio de las sucursales siguen sin ser rentables y se van extendiendo los nuevos cajeros automáticos que dispensan cambio exacto o que conectan a los clientes por video con un cajero humano, y que tienen como propósito eliminar las colas para las pequeñas transacciones. Para los bancos, es más barato cuando un cliente deposita un cheque en el cajero automático, e incluso más barato cuando lo deposita como una foto tomada por un teléfono inteligente.

La verdad es que, a la vista está, la mayoría de los bancos no tiene una visión clara de qué hacer con las sucursales ya que con esta política, los bancos también corren el riesgo (alto) de irritar a sus clientes, pero nadan en un mar de confusiones, como demuestra la anécdota real de que en una asamblea de accionistas de Bank of America celebrada en mayo pasado, un asistente preguntó al presidente ejecutivo de la entidad, Brian Moynihan, sobre las largas colas que se generan en algunas sucursales debido al menor número de empleados-cajeros. Moynihan respondió que el banco está tratando de mantenerse al día con los cambios en el comportamiento de los clientes.¡Toma ya! Autocrítica, ninguna, y si hay fallos, es el cliente quien ha de cambiar su comportamiento.

Más inventos: el banco PNC ha estado explorando ideas como la de recibir pedidos por adelantado, que permitirían, por ejemplo, a un cliente anunciar de antemano que va a retirar 1.000 dólares del cajero automático y luego escanear su teléfono o ingresar un código de acceso cuando llegue a la máquina. El banco resalta que está estudiando el tema con cuidado.

Algunas otras entidades están simplemente cerrando sucursales para mejorar la rentabilidad..

Como se ve, pues, caminos variados pero, casualmente, ninguno parece pasar por la atención real de las necesidades del cliente y el conocimiento de su perfil para ofrecerle el producto financiero más conveniente para ambas partes. 

¿Modelo de nueva oficina bancaria?

Y una pregunta para acabar: ¿saben de banca los actuales banqueros?