Estos días se ha hecho eco la prensa de los estudios publicados por las autoridades económicas europeas que preconizan un incremento de la tasa del paro en España hasta alcanzar el 23 % en 2012.
La noticia no es nada halagüeña, por supuesto, y esparce sombríos nubarrones sobre los esfuerzos de unos y otros para recuperar un estado de mínima confianza en el futuro y la previsión de una estabilidad anhelada ya como maná del cielo.
Resulta, pues, especialmente llamativo que esos mismos medios de comunicación particularmente agoreros hayan prácticamente silenciado el "Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2011: Los mercados al servicio del empleo" (World of Work Report 2011: Making markets work for jobs) del Instituto Internacional de Estudios Laborales, de la OIT (International Labour Organization - International Institute for Labour Studies), organismo tripartito laboral con sede en Ginebra y dependiente de las Naciones Unidas, que sostiene que el estancamiento económico afecta drásticamente a los mercados laborales y que, de mantenerse las actuales tendencias, el regreso a las tasas de empleo anteriores al inicio de la crisis económica puede dilatarse más de cinco años.
Hasta ahí, nada nuevo. La novedad estriba en el análisis. Para empezar, el Informe se refiere a "un nuevo índice de tensión social, que refleja los niveles de descontento por la ausencia de empleos", y al enojo de quienes sienten que "el peso de la crisis no es distribuido de manera equitativa", a la vez que señaló que en más de 45 de 118 países analizados "la tensión social aumenta".
El estudio llama la atención, en ese contexto, de que casi dos terceras partes de las economías avanzadas y la mitad de las emergentes y en desarrollo atraviesan una severa desaceleración del empleo, que se suma a "una situación laboral ya de por sí precaria y con la desocupación mundial por encima de los 200 millones" de personas.
Para la OIT, hay tres razones por las que la desaceleración económica puede impactar de forma grave sobre el panorama laboral:
- las empresas están en una situación de debilidad para retener a los trabajadores en relación con la situación del inicio de la crisis;
- ante la presión para adoptar medidas de austeridad fiscal, los gobiernos están menos dispuestos a mantener o adoptar nuevos programas de apoyo al empleo e ingreso y
- los países actúan de manera aislada.
En 2010, más de 50 por ciento de los habitantes de los países desarrollados aseguró no estar satisfecho con "la oferta de trabajos decentes (en naciones como Eslovenia, España, Grecia, Italia y Portugal) y, más del 70 por ciento de las personas entrevistadas, se manifestó descontento" con esa realidad.
Resulta preocupante la constatación de que, según el Informe, entre 2000 y 2009, el 83 por ciento de los países incrementaron la porción de los beneficios corporativos en el Producto Interior Bruto (PIB), aunque en el mismo período "las inversiones productivas se estancaron a nivel mundial", muestra de lo cual es el dato de que en las economías avanzadas, el crecimiento de los beneficios de las empresas no financieras se tradujo en un aumento del pago de dividendos (de 29 % en 2000 a 36 % en 2009) y de inversiones financieras (de 81,2 del PIB en 1995 a 132,2 en 2007).
Paralelamente, la volatilidad de los precios de los alimentos se duplicó entre 2006 y 2010 en relación con los cinco años anteriores, afectando perspectivas de trabajo decente (según la aplicación de criterios de la OIT) en países en desarrollo ya que "Los inversionistas financieros se benefician más de la volatilidad de los precios que los productores de alimentos, en particular los pequeños productores. Deben mantenerse y en algunos casos fortalecerse los programas a favor del empleo", indica.
En un escenario en el que se nos habla cada día de la deuda y de las dificultades del sistema financiero, reconforta leer un análisis apartidista (curiosamente dirigido y destinado a los líderes del G-20, no lo olvidemos) que afirma que "los esfuerzos para reducir la deuda pública y el déficit se han enfocado con frecuencia de manera desproporcionada en el mercado laboral y las medidas sociales. Un aumento del gasto público en políticas para reactivar el mercado laboral de sólo un 0,5 % del PBI podría aumentar el empleo hasta casi un 1 %", idea de la que nace la recomendación de la OIT de apoyar las inversiones económicas reales a través de la reforma financiera y las medidas de inversión.
Por último, pero no por ello menos importante, el Informe trata de desmontar un castillo de naipes recurrente para algunos sectores de la economía y sostiene que "el principio según el cual la moderación de salarios genera empleos es un mito", por lo que se pronuncia por una estrategia de recuperación integral basada en los ingresos, lo que estimularía "las inversiones y reduciría las excesivas desigualdades en los ingresos"
Se suscitan varias preguntas, pero la reduciremos a una: ¿habrán leído los agentes económicos y sociales el Informe? En una época de traspasos de poder, en los que el leit-motiv principal es la recuperación económica y la estabilidad social, resultaría conveniente.
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