El costo económico de los delitos informáticos rebasa los 110 mil millones de dólares para el último periodo anual estudiado; de este total, el 42 por ciento se refiere a fraudes cibernéticas, y, de acuerdo con un reporte sobre delitos informáticos elaborado por un desarrollador de programas de seguridad, a nivel mundial se estiman 556 millones de víctimas por año, lo que equivale a 18 por segundo.
Desde el punto de vista de los usuarios, dos de cada tres adultos han sido víctimas de un ataque informático con resultado económico pernicioso en el período estudiado. En el mismo sentido, el 46% de los sujetos estudiados fue víctima durante el año anterior
En el seminario se destacó la importancia de legislar adecuadamente para regular el tratamiento de los datos personales, reformando las leyes anteriores que fuera necesario con el propósito de controlar el uso indiscriminado de esta información, es decir, promulgar normas encaminadas a que las organizaciones, empresas o particulares que traten datos personales (es decir, aquellos que obtengan, usen, accedan, manejen, aprovechen, transfieran, dispongan, divulguen o almacenen, información referente a personas) tomen conciencia de que se está utilizando información que de ninguna manera les pertenecen
No hay que olvidar que el crimen organizado avanza paralelo a los avances tecnológicos, de forma que está demostrado que los delincuentes y las
organizaciones criminales utilizan cada vez más la tecnología como un
medio, pero también como un fin. Si los datos cuentan con un valor, la
consecuencia lógica es que legal e ilegalmente la gente quiera
aprovecharlos.
Las amenazas en las redes son
cada vez mayores, entre otras cosas porque se ha detectado un salto cualitativo representado en el hecho de que ciertos programadores han pasado de diseñar en los años noventa virus ociosos que no provocaban ningún perjuicio a convertirse en una real amenaza para los usuarios.
Así se explica el aumento de riesgos que
representan los hackers, el phishing (estafa electrónica) y el robo de
identidad, en cuyos supuestos (y otros similares) la respuesta institucional para este tipo de
problemáticas debe ser multidisciplinaria y supranacional, en acciones que deben ir desde la
educación de los usuarios y las organizaciones que utilizan datos
personales, la creación de un marco normativo y autoridades competentes
para responder ante estas amenazas, hasta la generación de
organizaciones policíacas e impartidores de justicia especializados en
los delitos electrónicos.
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