Los misterios de los permisos de residencia

Está causando un natural alboroto el anuncio del Gobierno de estudiar la concesión de permisos de residencia en España a extranjeros a cambio de la adquisición de una vivienda de un precio mínimo estimado aproximado de 60.000 euros, y se habla ya de que la medida va destinada particularmente a los compradores rusos o chinos, con economías aún saneadas y con un poder adquisitivo que para sí lo quisieran hoy día la media del ciudadano europeo.

Es evidente que la primera reacción negativa ha sido la de las asociaciones de inmigrantes, muchos de ellos con largo tiempo de estancia entre nosotros y con auténticas dificultades para obtener "los papeles" mientras que, de acuerdo con la iniciativa en estudio, estas dificultades desaparecen si se aprueba la propuesta. Dando por descontado, además, que la adquisición del permiso de residencia en España comporta una serie de requisitos legales que no se sabe muy bien cómo quedarían, a quién afectarían, y otros detalles.

El segundo motivo de duda grave es la sospecha de que, con una medida similar, se está admitiendo la posible entrada en España de capitales de dudosa procedencia cuando no claramente delictivos que, al intervenir en las operaciones inmobiliarias acordadas, puede afirmarse que podrían quedar limpios de polvo y paja a ojos del supervisor (bien, realmente no sería tan fácil, pero el riesgo se multiplica).

El tercer motivo de crítica es la aparente publicación de la oferta pública de que "España está en venta", ya que algo tan importante como es la residencia puede adquirirse con una vivienda... que ni siquiera deberá ocuparse, claro. Y de aquí nace una pregunta: ¿realmente precisan permiso de residencia los compradores extranjeros (rusos, chinos, ¿por qué no rumanos, peruanos,...?) para adquirir una vivienda entre nosotros? ¿No se estará alentando inmigración irregular?.

Con todo ello, cabe buscar si la medida puede aportar, de entrada y sin mayores profundizaciones, algún beneficio a España y, francamente, con lo divulgado hasta hoy, el único beneficio podría ser el de facilitar la salida de stocks de vivienda (mucha de ella en zonas turísticas, actualmente deprimidas) de los inmuebles que serán cedidos a la SAREB (ya sabéis, el "banco malo") con el fin de procurar que, efectivamente, pueda ser rentable y no se enquiste en la comercialización de activos dañinos. No parece que haya otras razones para la propuesta.

Pero, si eso es así, en definitiva, ¿no sabe, puede o quiere el Gobierno buscar alternativas que no obliguen a modificaciones legislativas de calado cuya consecuencia para el resto de la sociedad, inmigrantes y no inmigrantes queda, cuando menos, en entredicho?