Hay algunas reflexiones en torno a la operación de Caixa Bank / Banco de Valencia. La primera es que, al parecer, la marca podrá mantenerse, lo que es, pese a todo, un respiro para el prestigio de la sociedad valenciana; la segunda es el salto cuantitativo importante que obtiene la entidad compradora en su presencia en el Levante español, y la tercera, de mucho más calado, es lo relativo al coste de adquisición, cifrado en 1 € (un euro) después de la inyección de 4.500 millones de euros que efectuará el FROB al aún Banco de Valencia con cargo a los fondos de ayuda a la banca que aún han de llegar de Bruselas, y asumiendo durante el plazo de diez años hasta un 75 % de las pérdidas que se originen en la entidad.
Es decir, la noticia de fondo, si es que fuera realmente noticia, es la manifiesta mendacidad de nuestros representantes públicos, que mantienen, con mayor énfasis cuanto mayor es el número de micrófonos que tienen delante, que la ayuda a los bancos no repercutirá en la ciudadanía. ¿Cómo se ha de interpretar entonces que los fondos por venir de Bruselas incrementan el déficit público?
La segunda cuestión, de calado más filosófico, es la alegría con que se contempla la asunción de pérdidas (también con cargo al FROB) de una entidad en quiebra frente a la realidad descarnada de los problemas reales del ciudadano, a quien no se le aplican contemplaciones en la exigencia de sus responsabilidades.
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No puede escaparse, adicionalmente, una reflexión en paralelo, ahora que parece que empieza a cerrarse definitivamente el mapa de entidades, en cuanto a la lucha sorda que se está desarrollando en el campo de la tercera pata del sector financiero que son las Cajas Rurales, eternos protagonistas tenidos ocasionalmente por meros comparsas cuyos movimientos se están levando a cabo fuera de los focos mediáticos pero a los que, para cerrar definitivamente el escenario no deben infravalorarse.
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